Gobernación del Atlántico afronta demandas y procesos judiciales por más de $3,4 billones
La administración departamental enfrenta 7.545 procesos judiciales.

Instalaciones gobernación del Atlántico.(Cortesía)
La Gobernación del Atlántico enfrenta pretensiones económicas que superan los 3,4 billones de pesos, derivadas de un total de 7.545 demandas y procesos judiciales en curso, lo que representa uno de los mayores retos financieros y jurídicos para la administración departamental.
De acuerdo con las autoridades, los temas más sensibles están relacionados con la liquidación de las Empresas Sociales del Estado (ESE) municipales en el año 2023, el ingreso a la red hospitalaria de la ESE UNA, los reajustes contractuales realizados durante la pandemia y los procesos asociados a la atención de la población migrante.
Ajustes en la estrategia de defensa
Rachid Nader, secretario jurídico de la Gobernación, aseguró que la administración viene adelantando esfuerzos para fortalecer y ajustar la estrategia de defensa jurídica frente al elevado número de procesos que enfrenta el departamento.
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Esta información fue revelada en el marco del estudio del proyecto de ordenanza que busca modificar el presupuesto de rentas, gastos e inversiones del departamento para la presente vigencia.
“Estos son los principales factores que incrementan nuestras contingencias judiciales y nos obligan a replantear y fortalecer la carga de la defensa jurídica del departamento. A ello se suman otros desafíos relevantes, como la intervención por parte del Gobierno nacional de la ESE UNA, nuestro hospital departamental, y la situación del sector de energía eléctrica, que ha impactado de manera significativa los indicadores financieros del Departamento del Atlántico”, sostuvo.
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Llamado a la Asamblea Departamental
En su intervención, el secretario jurídico solicitó a los diputados el respaldo a la modificación de la ordenanza, señalando que este ajuste presupuestal es clave para garantizar una defensa jurídica adecuada y mitigar los riesgos fiscales derivados de las demandas en curso.



