Decreto de emergencia económica: gremio minero energético advierte “estocada final” para el sector
Las Pymes en el Atlántico advierten que la medida podría generar efectos adversos en la inversión privada
Alejandro Castañeda, cortesía de ANDEG. Logo de Air-e Intervenida y logo de Andeg.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) Alejandro Castañeda, indicó que la Constitución Política es clara al establecer que “una emergencia económica debe sustentarse en hechos nuevos, sobrevinientes, graves e inminentes”, condiciones que, a su juicio, no se cumplen en la actual coyuntura.
“El país sí enfrenta una fragilidad fiscal, pero esta no es nueva ni sobreviniente. Es una fragilidad autoinfligida, producto de un manejo presupuestal irresponsable, con gastos mal focalizados, presupuestos irreales y una deuda pública cada vez más costosa”, afirmó el dirigente gremial.
El sector energético, nuevamente en la mira
Uno de los puntos más críticos, según ANDEG, es vuelven a cargar el peso de la crisis fiscal sobre el sector energético, al que se le sumarían nuevas tasas e impuestos.
“El sector energético vuelve a ser el trompo de poner. Está de capa caída y esta sería la estocada final”, advirtió Castañeda, al recordar que se trata de un sector estratégico que aporta ingresos clave para el Estado, impulsa la inversión y garantiza la estabilidad del sistema eléctrico.
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Además, cuestionó la inclusión de impuestos al patrimonio de las personas jurídicas, los cuales calificó como antitécnicos y generadores de distorsiones económicas que afectarían no solo al sector energético, sino al aparato productivo en general.
A esto se suma la propuesta de incrementar el gravamen a los movimientos financieros del 4 por mil al 5 por mil, una medida que, según el gremio, terminaría impactando directamente al ciudadano de a pie en un momento en el que la economía no atraviesa su mejor desempeño, pese a los indicadores oficiales de crecimiento.
“Es una medida altamente irresponsable”: Acopi Atlántico
Los gremios y empresarios del Atlántico se suman a los cuestionamientos contra el decreto de emergencia económica que ya firmó el Gobierno, de acuerdo con el ministro del Interior, Armando Benedetti.
La presidenta de ACOPI en el Atlántico, Rosmery Quintero, manifestó su preocupación, calificando la medida del ejecutivo como “altamente irresponsable”.
Quintero advirtió que la decisión tendrá posibles impactos negativos en la inversión privada.
La dirigente gremial recordó que, pese a la incertidumbre, más del 50 % de los empresarios han mantenido o incluso aumentado su nivel de inversión.
La presidenta de ACOPI Atlántico instó al Gobierno a priorizar políticas que garanticen estabilidad y confianza para el empresariado, en lugar de medidas que puedan desincentivar la inversión, especialmente en un momento crítico de negociación salarial y ajustes fiscales.
El Gobierno Nacional declaró la emergencia económica, tras hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.
La medida responde a un hueco presupuestal de $16,3 billones que deja desfinanciado el presupuesto general de la Nación para 2026.
Impuesto a las transacciones financieras del 5X MIL y la ampliación de la base gravable con tramos más altos para ingresos superiores a $10 millones mensuales, son algunas de las medidas.
“Si se dan estas medidas, afectarían grandemente a muchos sectores comerciales”
La presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, Zandra López, advirtió sobre los posibles efectos negativos del decreto borrador que propone nuevos impuestos, asegurando que “si se dan estas medidas como están proyectadas, afectarían grandemente a muchos sectores comerciales” del departamento. Según la dirigente gremial, el impacto sería especialmente fuerte para las actividades ligadas al consumo y la economía nocturna.
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López señaló que el incremento en el impuesto al licor provocaría un alza en los precios finales para los consumidores, lo que golpearía directamente a negocios como gastrobares, licorerías y estaderos. “El impuesto al licor podría generar un aumento en el precio final del licor, afectando a los consumidores y a los sectores comerciales gastronómicos y de venta de licor”, afirmó, al tiempo que advirtió que estos establecimientos “entregarían este aumento a los precios finales de los licores”.
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De igual manera, la presidenta del comité expresó su preocupación por el aumento del gravamen financiero al 5 por mil, al considerar que “va a afectar las transacciones financieras y el flujo de caja de las empresas”, lo que podría incentivar un mayor manejo de efectivo. En términos generales, López concluyó que “este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico”, además de seguir “incentivando el contrabando y la informalidad”.
