Política

Consejo Gremial cuestiona eventual emergencia económica y pide control inmediato de la Corte

Según el gremio, no se cumplen los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 215 de la Constitución, para declarar emergencia económica.

Consejo Gremial Nacional. Foto: Colprensa

Consejo Gremial Nacional. Foto: Colprensa

El Consejo Gremial Nacional manifestó su profunda preocupación frente al anuncio del Gobierno Nacional de declarar una emergencia económica con el propósito de recaudar recursos del Presupuesto General de la Nación que no fueron aprobados previamente por el Congreso de la República.

Según el gremio, no se cumplen los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 215 de la Constitución, al considerar que la situación fiscal actual del país no corresponde a un hecho sobreviniente, sino a un escenario previsible que fue advertido desde los debates presupuestales de 2024 y 2025.

El Consejo Gremial recordó que, desde la formulación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha alertado de manera reiterada sobre desfinanciamiento, exceso de gasto y proyecciones de ingresos improbables dentro del plan financiero proyectado para 2026, lo que, a su juicio, invalida la justificación de una emergencia.

Asimismo, el gremio sostuvo que el Ejecutivo cuenta con mecanismos ordinarios previstos en la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional para ajustar las cuentas públicas, incluyendo aplazamientos o recortes de gasto, sin necesidad de acudir a figuras excepcionales que alteren el equilibrio institucional.

Llamado del consejo gremial

En ese sentido, el Consejo Gremial hizo un llamado al respeto por las instituciones y los marcos normativos que sustentan la democracia y el desarrollo económico del país, advirtiendo que una declaratoria de emergencia sin fundamento constitucional podría generar efectos perjudiciales para la economía y el orden institucional.

Finalmente, la organización solicitó de manera respetuosa a la Corte Constitucional que, en caso de decretarse una emergencia económica durante la vacancia judicial, evalúe de forma excepcional e inmediata la suspensión provisional del decreto, con el fin de evitar perjuicios irremediables para la economía nacional, cuyos efectos afectarían directamente a todos los colombianos.

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