Pueblo colombiano demandó a Dios y ganó un pleito “celestial”, ¿Por qué razón?
El pequeño municipio con algo más de 5.000 habitantes se convirtió en un lugar que rompió paradigmas tras vencer en un insólito pleito.

Pueblo colombiano demandó a Dios y ganó un pleito “celestial”, ¿Por qué razón? // Caracol Radio
El municipio de Concepción, Antioquia, un lugar con poco más de 5.000 habitantes, fue el escenario de un pleito legal tan icónico que superó cualquier historia de una película de ciencia ficción, una demanda interpuesta directamente contra Dios. Este suceso, que se remonta a una donación de hace casi dos siglos, obligó a un sacerdote a recurrir a lo “impensable para salvar la propia casa del Creador”.
La insólita demanda ocurrió porque la Parroquia la Inmaculada Concepción no era la dueña legal del predio donde se levantaba su templo, lo cual impedía su reparación y ponía en riesgo un bien de interés cultural de la nación.
Un origen que se remonta a la época de la conquista
El conflicto se originó en 1860, cuando Colombia todavía se llamaba la Nueva Granada. En ese entonces, Nepomucena Osorio, una hacendada de Concepción, Antioquia, decidió donar un extenso lote a la cofradía de las ánimas y a Dios.
Le puede interesar: Así quedaría el salario mínimo en 2026 si se ajusta por decreto de Gustavo Petro
La donación fue formalizada a través de escrituras públicas, ratificando el predio como una pertenencia del Señor, lo cual fue llevado ante la Secretaría del Consejo de dicho municipio, siglos después, esta muestra de inmensa devoción implicó un juicio y desencadenó lo inconcebible, una demanda por parte de la Parroquia la Inmaculada Concepción contra sus dueños, que eran Dios y las ánimas.
El templo al borde de la ruina y una respuesta negativa por parte del Estado
Hacia 1999, el centro histórico de Concepción fue declarado por el Estado como un Bien de Interés Cultural de la Nación, esta clasificación implica que el predio posee un valor excepcional para la identidad nacional, sometiéndolo a un régimen especial de protección legal bajo la supervisión del Ministerio de Cultura.
En 2011, el párroco, Humberto Hincapié, viajó a Bogotá buscando permisos y dinero para salvar la parroquia Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, que estaba a punto de caer en ruinas tras permanecer cerca de 140 años en pie.
Para sorpresa del párroco, el Ministerio de Cultura no pudo ayudarlo. La razón era legal y contundente: según las escrituras, el predio tenía dueño, y no era la parroquia. Por lo tanto, ni el Estado, que podía costear los arreglos, ni la diócesis podían intervenir el lugar.
El plan para adquirir legalmente la iglesia
Ante el desolador panorama, un abogado oriundo de Concepción, Ramón Alcides Valencia, proporcionó el concepto legal que se convertiría en la única salida, a sugerencia de los asesores de MinCultura.
El jurista le dio una respuesta que nadie esperaba: la única alternativa de recuperar el predio era a través del proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Esta figura legal permite que el ocupante actual de un bien lo pueda adquirir como si fuera propio, si se demuestra que ha ejercido posesión durante 10 años, mediante pruebas como el pago de impuestos y el mantenimiento del bien.
El proceso implicaba demandar a las personas que figuraban como propietarias del predio, es decir, demandar a Dios y las ánimas.
El juicio contra ‘Dios’
Luego de conversarlo con la archidiócesis y sus superiores, el cura Hincapié le pidió al abogado Ramón Alcides Valencia instaurar la demanda ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro en mayo de 2011. El juez ordenó que se notificara públicamente a los demandados y se citó a las partes para que acudieran a defender su posición.
Como por “parte de las ánimas y Nuestro Amo” nadie acudió, el juez se vio obligado a nombrar una figura legal llamada curadura ad litem. Este era un abogado designado para “encarnar los derechos del trámite de pertenencia”.
El proceso legal requirió recopilar pruebas documentales, certificados de libertad y tradición, planos rústicos y testimonios que corroboraban que la parroquia, a través de sus representantes (los párrocos), había ejercido posesión por más de un siglo.
La parroquia salió victoriosa
Tras un año largo, el juez concluyó finalmente que la parroquia ahora era la dueña legal de la iglesia.
Este dictamen le permitió al templo recibir por fin la ayuda financiera necesaria por parte del Estado para arreglar los daños en el techo, las paredes y las ventanas que llevaban siglos, resguardando “el clamor y la fe de Dios”.
Un habitante de Concepción comentó sobre el éxito del proceso: “Berraquitos el abogado y los padres, se le midieron a meterse con las ánimas pa´ salvarnos la iglesia”.




