JEP volverá a convocar al general Huertas y asegura que había un patrón de “conteo de cuerpos”

Medellín, Antioquia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó, que ha su criterio, que en Antioquia operó un patrón macrocriminal de ejecuciones extrajudiciales que no fue aislado ni accidental, sino parte de una práctica sistemática que se repitió en distintas regiones del país. Así lo señaló la magistrada Catalina Díaz, durante una audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad realizada en Medellín, en la que 40 comparecientes aceptaron su participación en los llamados falsos positivos.

Según explicó la magistrada, los hechos ocurrieron con la participación de miembros de la Fuerza Pública en alianza con estructuras paramilitares, entre ellas el bloque Metro, el bloque Héroes de Granada y el bloque Cacique Nutibara. “Hoy podemos decir que se trata de un patrón que se repitió a lo largo y ancho del país”, afirmó Díaz, al señalar que lo ocurrido en Antioquia coincide con hallazgos similares en Norte de Santander, Casanare, Meta, Huila y la Costa Caribe.

Conteo de cuerpos y crímenes de sistema

Durante su intervención, la magistrada sostuvo que este patrón criminal se explica por la política de conteo de cuerpos, en la que los comandantes exigían resultados medidos en bajas. “Los comparecientes nos han explicado la obsesión que tenían los comandantes con ver el cuerpo del supuesto enemigo caído, expuesto como trofeo”, señaló, al describir las presiones que descendían por toda la cadena de mando.

La JEP documentó que muchas de las víctimas fueron campesinos, jóvenes vulnerables, trabajadores informales y habitantes de calle, ejecutados en estado de indefensión. En algunos casos, fueron señalados por guías provenientes de grupos paramilitares, sin procesos reales de inteligencia. En otros, las víctimas fueron engañadas con falsas ofertas de trabajo o asesinadas de manera oportunista por tropas que actuaban bajo una práctica ya normalizada.

Generales imputados y nuevos llamados

En el marco del proceso, la magistrada confirmó que fueron imputados como máximos responsables los generales Mario Montoya Uribe, Óscar Enrique González Peña y otros altos mandos, quienes ocuparon comandancias de brigada durante los años más críticos del fenómeno. Los oficiales que no han reconocido responsabilidad fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Sobre el general Juan Miguel Huertas, la magistrada indicó que será nuevamente convocado, luego de que hombres bajo su mando lo señalaran de conocer e incluso dar instrucciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales. La JEP evaluará además actuaciones judiciales previas, incluidas sentencias en lo contencioso administrativo que ya han declarado responsable al Estado por hechos ocurridos bajo su mando.

Víctimas en el centro y sanciones restaurativas

La audiencia también estuvo marcada por el testimonio de las víctimas y por actos de entrega digna de personas desaparecidas, hechos que la magistrada calificó como profundamente reparadores. La Sala evaluará si los reconocimientos cumplen con los estándares de verdad plena exigidos por la ley para imponer sanciones restaurativas, que incluirían proyectos definidos con participación directa de las víctimas.

El oriente de Antioquia concentra gran parte de los falsos positivos del país, con al menos 589 casos plenamente esclarecidos y más de 2.400 eventos documentados en el proceso. La JEP insistió en que cualquier sanción deberá responder a las expectativas de las víctimas y a la magnitud del daño causado, en un proceso que también abre la puerta a responsabilidades de civiles y estructuras paramilitares, incluidos nombres como Salvatore Mancuso, mencionados en el contexto de alianzas criminales regionales.