Estados Unidos incluyó al Clan del Golfo en la Lista Clinton y lo designa como grupo terrorista
La decisión, bajo administración de la OFAC, incluye congelamiento de fondos hasta el procesamiento penal por apoyo indirecto o directo a esas organizaciones.

Protocolo de comunicación para el proceso de paz con el “Clan del Golfo”.
Estados Unidos anunció la designación como terrorista del Clan del Golfo, el cartel del narcotráfico más grande de Colombia, al incluirlo en la Lista Clinton, que está bajo administración de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Bajo esta decisión, todo el grupo y sus integrantes hace parte de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), esto implica:
- Ampliar las sanciones en contra del grupo
- Congelar los activos del grupo que estén bajo jurisdicción de Estados Unidos
- Se prohíbe transacciones con personas y entidades vinculadas al grupo
Además de esta nueva designación, el secretario de Estado, Marco Rubio, prometió “utilizar todas las herramientas disponibles para proteger” a Estados Unidos del tráfico de drogas, tras meses de ataques contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental.
Según la OFAC, el Clan del Golfo también es conocido como Banda Criminal de Urabá, Clan Úsuga, Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Los Urabeños.
“Utilizaremos todas las herramientas para proteger nuestra nación”
El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que el Clan del Golfo ahora es considerado una Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).
Según el jefe de la diplomacia estadounidense, esta “organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros” tiene como “principal fuente de ingresos el narcotráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”.
El Clan del Golfo es “responsable de ataques terroristas contra funcionarios públicos, agentes del orden, personal militar y civiles en Colombia”, agregó Rubio sobre la banda, actualmente en medio de diálogos de paz con el Gobierno del presidente del país suramericano, Gustavo Petro.
“EE.UU. continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror perpetradas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales. Estamos comprometidos a negarles financiación y recursos a estos terroristas”, concluyó el secretario de Estado.
Decisión en medio de tensiones
Esta designación coincide con un momento tenso en las relaciones entre EE.UU. y Colombia, tras el amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe como parte de la campaña antidrogas del presidente, Donald Trump, expandida también al Pacífico Oriental, y el cruce de críticas entre Petro y Trump.
¿Y las negociaciones?
Bogotá y el Clan del Golfo iniciaron a mediados de septiembre pasado en Doha (Catar) un proceso de diálogos de paz, con el acompañamiento de Catar, España, Noruega y Suiza como países mediadores.
La primera ronda concluyó con un pacto que contempla una etapa inicial de “construcción de confianza” y tras la segunda, ambas partes anunciaron el pasado 5 de diciembre la creación de tres zonas especiales en el norte y oeste colombianos para ubicar temporalmente, a partir de marzo próximo, a combatientes de la organización.
No es una decisión aislada
Desde el regreso al poder en enero pasado del presidente Donald Trump, Washington ha designado como terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.
Ha hecho lo mismo con las bandas transnacionales Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) y su rival Barrio 18, además de las ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros y el Cartel de los Soles, que según la Administración Trump estaría liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, algo que Caracas niega.
La designación como entidad terrorista tiene efectos legales muy amplios en EE.UU., que van desde el congelamiento de fondos hasta el procesamiento penal por apoyo indirecto o directo a esas organizaciones.



