Ejército desmantela 16 unidades de minería ilegal que financiaban al Clan del Golfo
La incautación de maquinaria pesada en Córdoba evita la extracción mensual de oro por 20 mil millones de pesos y protege 12 hectáreas de ecosistema, cuya recuperación tomaría tres décadas.
Tropas del Ejército intervinieron 16 unidades de minería ilegal en Córdoba.
Montería
En un golpe estratégico contra las fuentes de financiación del crimen organizado y los delitos ambientales, el Ejército Nacional logró la intervención de un complejo minero ilegal en el departamento de Córdoba.
La operación, desarrollada en la vereda Cabecera del municipio de Puerto Libertador, resultó en el desmantelamiento de 16 unidades de explotación ilícita de yacimientos auríferos. La acción fue ejecutada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles, de la Décima Primera Brigada, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.
La información, obtenida previamente mediante labores de inteligencia militar, señalaba que esta actividad minera clandestina al parecer servía para el financiamiento de la Subestructura Rubén Darío Ávila del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo.
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Durante el procedimiento, las fuerzas conjuntas lograron incautar e inutilizar un significativo parque de maquinaria. El material intervenido incluye tres excavadoras, dieciséis motores, cuatro clasificadoras de mineral, doscientos metros de manguera negra y trescientos galones de ACPM, combustible utilizado en los equipos.
Duro golpe al Clan del Golfo
El impacto económico para la estructura criminal es considerable. Según las estimaciones de las autoridades, con la destrucción de esta infraestructura se estarían dejando de extraer aproximadamente 54.000 gramos de oro al mes.
Este volumen de metal, en el comercio ilegal, está avaluado en más de 20 mil millones de pesos mensuales, lo que representa un severo quebranto para las finanzas del GAO Clan del Golfo en la región. La operación se enmarca en la estrategia de atacar los flujos económicos que sustentan a los grupos al margen de la ley.
Más allá del componente de seguridad, la intervención tiene una profunda dimensión ambiental. El Ejército Nacional destacó que, con este resultado, se logra intervenir y proteger un área de aproximadamente doce hectáreas que estaba siendo devastada por la minería ilegal.
Esta actividad ocasiona deforestación agresiva y remoción indiscriminada del suelo, generando un daño ecológico de larga duración. Las autoridades estiman que el tiempo de recuperación natural de este terreno afectado sería de aproximadamente 30 años, subrayando la gravedad del daño perpetrado.
“El Ejército Nacional continuará trabajando firmemente para atacar las fuentes de financiación de los grupos al margen de la ley y neutralizar los delitos ambientales, aportando a la sostenibilidad y protección de los recursos naturales del departamento de Córdoba”, fue el mensaje institucional tras la operación.
Esta acción conjunta en Puerto Libertador refleja el enfoque dual de las fuerzas militares, dirigido tanto a debilitar las capacidades logísticas de los grupos armados como a mitigar la creciente crisis ambiental provocada por la explotación ilícita de recursos mineros en zonas estratégicas del país.
