Sobrecostos en compra de medicamentos: factor clave que influirá en decisión de la UPC de 2024

Uno de los resultados que dejó la mesa técnica para reajustar la Unidad de Pago por Capitación, fue un informe de la ADRES, que es la entidad que hace pagos en el sistema de salud, contrastando la información de las bases de datos de las EPS, en materia de compra de medicamentos. Allí se evidenciaron irregularidades, que influirán en el ajuste que solicitó la Corte Constitucional sobre la UPC del 2024.

Para entender a fondo este tema, hay que tener en cuenta que periódicamente, el gobierno publica el precio controlado que tienen algunos medicamentos en el país, los cuales no se pueden vender ni comprar por encima del precio que se establece; sin embargo, la ADRES en este ejercicio de contraste de las bases de datos sobre lo que pagaron las EPS por estas tecnologías, entre 2022 y 2023, evidenció que compraron 6 millones de medicamentos por encima del precio regulado, por un valor de 514.619 millones de pesos.

EPS que registraron lo mayores sobrecostos

Según explicó el director de la ADRES, Félix Martínez, los mayores sobrecostos se registraron en Sura con $131.2023 millones, Salud Total con $123.000 millones, Coosalud con $40.000 millones y Savia Salud por un valor de $38.000 millones. En ese grupo hay de todo tipo de entidades: las dos primeras son privadas, Coosalud está intervenida por el gobierno y Savia Salud es una entidad mixta con mayoría accionaria de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.

Existen tres inconsistencias: la primera es que hay medicamentos que no están autorizados para comercializarlos, es decir, no tienen registro sanitario vigente; otros que son muestras médicas cuya comercialización está prohibida, y los que son de contrabando, y en cada problema hay EPS que registran más inconvenientes que en otros.

Hay que tener en cuenta que la suficiencia es el cálculo de los recursos que reciben las EPS por unidad de pago por capitación y otros ingresos, frente a los gastos que presentan el número de servicios prestados y valores, y esto tiene que tener un equilibrio, y cuando este no existe y manifiestan que crece el gasto, hay que aumentar la UPC del año siguiente, y este incremento se hace sobre las bases de datos que presentan las entidades;

Sin embargo, requieren ser verificadas y controladas y es ahí donde se presentan los problemas, como sucedió a finales del 2024, cuando el Ministerio ordenó revisar estos documentos y se encontraron enormes inconsistencias, por lo cual, como alternativa, el incremento se fijó teniendo en cuenta la cifra de inflación.

¿Qué viene ahora?

Este informe ya fue entregado a la Corte Constitucional, a la Contraloría General de la República, así como al Ministerio de Salud, quienes serán los responsables de investigar estos hallazgos, y luego, la comisión de costos, tarifas y beneficios, determinar cómo inciden en el reajuste de la unidad de pago por capitación del 2024. Poco a poco, el ministerio y la ADRES han ido revelando los resultados de estas mesas técnicas, pero se aproxima la fecha, para la socialización definitiva de lo que dejó esta mesa.