Hospitales de Risaralda denuncian maniobras de EPS para no reconocer deudas y atrasar pagos

Pereira

La red pública hospitalaria de Risaralda enfrenta uno de sus momentos más críticos debido a la falta de recursos, la demora en la legalización de contratos y el no pago oportuno por parte de algunas Empresas Promotoras de Salud (EPS), entre ellas Nueva EPS, Pijao Salud y SOS.

En una reciente reunión que fue liderada por la Asociación de Instituciones de Salud, donde fueron convocados los gerentes de los hospitales públicos del departamento, se advirtió que la cartera hoy supera los $400 mil millones y la situación está llevando a los centros médicos a un punto de “jaque mate”.

De acuerdo con los directivos, las EPS no han girado los recursos correspondientes a los contratos vigentes, esto genera una grave interrupción en el flujo de dinero necesario para garantizar la atención en salud.

Algunos hospitales llevan más de siete meses esperando la legalización de contratos, mientras que otros cuentan con procesos pendientes desde hace dos y hasta tres años sin ser liquidados.

Olga Lucía Zuluaga, directora de AISalud, manifestó que EPS como Pijao Salud y SOS estarían solicitando códigos de facturación distintos a los establecidos por el Ministerio de Salud, lo que contraviene la normativa y dificulta la radicación de facturas, prácticas que serán denunciadas ante el Ministerio y la Superintendencia de Salud.

Servicios en riesgo y posibles limitaciones de atención.

La falta de flujo de recursos está afectando operaciones esenciales de los hospitales públicos de Risaralda. Entre las consecuencias señaladas por los gerentes se encuentran:

• Riesgo de interrupción en la atención a los pacientes.
• Demoras en procedimientos por falta de insumos.
• Reducción de personal y dificultades para contratar talento humano.
• Falta de pago a proveedores y riesgo de incumplimiento contractual.
• Escasez de suministros y dispositivos biomédicos.

Aseguran que, pese a múltiples intentos de conciliación y diálogo, las comunicaciones con los directivos de las EPS han sido calificadas como “inoperantes e ineficientes”.

Juan Alejandro Monsalve, gerente de la ESE Hospital San José del municipio de La Celia, denunció que algunos funcionarios no responden llamadas, correos electrónicos, ni derechos de petición, lo que agrava la gestión administrativa y financiera de los hospitales públicos.

Finalmente, se indicó que solicitarán la inyección de recursos antes del 31 de diciembre, lo que permitiría a los hospitales públicos atender a la población y evitar un riesgo fiscal y financiero de mayores proporciones.

Las instituciones también piden el cumplimiento del pago del 80 % sobre la prestación por evento y del 100 % de la cápita, así como procesos de conciliación y liquidación de contratos que permitan aclarar y generar transparencia en las cuentas del sistema de salud.

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