Organizaciones del Catatumbo piden voz en la audiencia de la Corte Constitucional
Juan Carlos Quintero aseguró que las comunidades esperan ser tenidas en cuenta en el seguimiento a la crisis humanitaria.

Foto: Archivo.
Norte de Santander.
Tras el anuncio de la Corte Constitucional de convocar una audiencia para revisar la situación humanitaria del Catatumbo, las organizaciones sociales del territorio esperan conocer cómo podrán participar en ese proceso.
Juan Carlos Quintero, coordinador de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), explicó a Caracol Radio que, aunque el anuncio fue hecho apenas este miércoles, las comunidades confían en que se generen los espacios necesarios para que su voz sea escuchada.
“Hasta el momento las organizaciones sociales no hemos sido convocadas en su totalidad, pero entendemos que el anuncio es reciente. Esperamos que se generen las condiciones, así sea de manera virtual, para poder expresar nuestra visión sobre lo que está ocurriendo en el Catatumbo”, señaló.
El líder campesino recordó que desde enero la región enfrenta una crisis sostenida que ha dejado más de 73.000 personas desplazadas, entre campesinos y firmantes del Acuerdo de Paz, sin que hasta ahora se logre una respuesta integral del Estado.
“Siguen los ataques a la población civil, hay confinamientos, secuestros y un miedo generalizado. El Estado no logra tener control total del territorio ni avanzar en procesos que transformen la realidad de la región”, advirtió Quintero.
El coordinador de Ascamcat insistió en que son las organizaciones sociales las que han acompañado a las comunidades, documentado los hechos de violencia y visibilizado la crisis, por lo que considera fundamental que sean incluidas en los espacios donde se evalúen las acciones del Estado.
“Las decisiones sobre el Catatumbo deben contar con la participación de quienes vivimos en el territorio. Las comunidades tienen mucho que aportar, y esperamos que la Corte garantice esa participación”, agregó.
Quintero concluyó que la audiencia representa una oportunidad para que el Estado asuma compromisos reales frente a la emergencia, pero advirtió que su impacto dependerá de que las voces del territorio sean escuchadas y tomadas en cuenta.



