Corte llama al Estado a responder integralmente ante crisis humanitaria en el Catatumbo
El alto tribunal convocó una audiencia pública el 11 de noviembre para evaluar la débil respuesta institucional.
Corte Constitucional imagen de referencia. Foto: Colprensa. / Sergio Acero
Norte de Santander.
La Corte Constitucional, a través de las Salas Especiales de Seguimiento a las sentencias T-025 de 2004 y SU-020 de 2022, convocó a una audiencia pública de seguimiento el próximo 11 de noviembre de 2025 en el Palacio de Justicia, en Bogotá, con el fin de asegurar una respuesta integral del Estado frente a la prolongada crisis humanitaria que enfrenta el Catatumbo.
La decisión fue adoptada tras evidenciar graves inconsistencias y falta de coordinación entre las acciones adelantadas por las entidades nacionales y territoriales.
Según cifras oficiales, el conflicto en la región ha provocado el desplazamiento de más de 73.000 personas, entre ellas 218 firmantes del Acuerdo Final de Paz, así como el confinamiento de 2.400 habitantes, de los cuales 183 también pertenecen a ese colectivo.
La Corte alertó que se han reportado la desaparición de seis firmantes del Acuerdo y el asesinato de otros siete, hechos perpetrados en medio de los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.
Esta situación, sumada a la débil capacidad institucional, llevó al Gobierno a declarar el estado de conmoción interior en la región.
En ejercicio de sus competencias de seguimiento, las Salas Especiales realizaron una visita territorial al Catatumbo en junio de este año, con el fin de evaluar la respuesta del Estado.
De ese diagnóstico surgieron hallazgos preocupantes en varios frentes: ausencia de un plan de reacción inmediata ante las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, falta de acompañamiento efectivo a las comunidades y respuestas fragmentadas y sin liderazgo por parte de las instituciones encargadas de atender a las víctimas.
Aunque se entregaron ayudas humanitarias y se habilitaron albergues, la falta de coordinación y las condiciones de inseguridad han impedido avanzar hacia la estabilización de las comunidades desplazadas.
El control territorial de los grupos armados continúa afectando la movilidad y mantiene confinadas a comunidades enteras, cuyo número real de víctimas aún no ha sido determinado.
En la fase de estabilización, la Corte identificó la ausencia de garantías para el retorno y la reubicación de las familias desplazadas, así como la debilidad de las estrategias de sostenibilidad socioeconómica.
Los firmantes del Acuerdo de Paz han sido especialmente afectados, pues su desplazamiento forzado ha interrumpido los procesos de reincorporación y los proyectos productivos.
A esto se suman deficiencias en seguridad, vivienda y acceso a servicios básicos en los lugares destinados para su reubicación.
El Gobierno ha señalado al Pacto Catatumbo como una herramienta clave para enfrentar la crisis, pero las Salas advirtieron que su implementación aún no ha iniciado, generando incertidumbre sobre su alcance y efectividad.
La audiencia del 11 de noviembre se desarrollará en dos bloques y contará con la participación de víctimas del desplazamiento, firmantes del Acuerdo de Paz, representantes del pueblo Barí, organizaciones sociales, autoridades nacionales y territoriales, y organismos internacionales.
