Juez envía a la cárcel a dos implicados en caso de corrupción del Área Metropolitana

Medellín, Antioquia

Un juez de control de garantías de Medellín impuso este 15 de octubre medida de aseguramiento en centro carcelario contra Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Yaneth Rúa García, dos de los tres exfuncionarios y contratistas vinculados al escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) por convenios con los Bomberos de Itagüí durante el periodo de Daniel Quintero Calle. La Juez se abstuvo de tomar la medida contra Elkin de Jesús González, quien quedó en libertad.

La decisión obedece al audio donde se escucha a Cadavid y Rúa, frente a los valores de facturación, por lo que se consideró que estas personas podrían obstruir la justicia. Tanto los defensores como el apoderado de las víctimas interpusieron recursos.

Según la Fiscalía General de la Nación, se habrían desviado al menos $2.400 millones de pesos mediante seis contratos interadministrativos firmados entre 2020 y 2022, que fueron objeto de falsificación de documentos, sobrecostos y servicios no prestados.

Los audios clave: conversaciones que involucran a políticos y pactos para desviar recursos

En las audiencias, el ente acusador reveló audios interceptados judicialmente en los que Misael Cadavid, hoy procesado, describe su cercanía con la administración Quintero y menciona acuerdos para asegurar recursos públicos a cambio de favores políticos.

Otro audio presentado por la Fiscalía corresponde a una conversación entre Cadavid y Yaneth Rúa, quien fungía como supervisora del contrato, en el que se habla sobre ganancias, al facturar por encima de la realidad, a pesar de tener una administración del 8%. Sin embargo, en este punto la defensa aseguró que esto licito, en los contratos investigados.

Estas pruebas fueron consideradas por el juez como indicios graves de direccionamiento contractual y apropiación de recursos públicos, además de un posible intento de manipulación de testigos durante la etapa de indagación.

La defensa niega irregularidades y denuncia falta de pruebas reales

Los abogados de los tres imputados alegaron que no existió irregularidad alguna, ya que —según ellos— los elementos facturados al AMVA sí fueron comprados, aunque a menor precio, y que dicha diferencia no constituye delito.

Sostuvieron que la Fiscalía no aportó pruebas materiales suficientes, y que los testimonios fueron espontáneos y manipulados. También cuestionaron que el juez aceptara imponer medida intramural para un proceso que podría tardar años:

“Esto equivale a adelantar la pena, cuando ni siquiera hay condena”, advirtió uno de los defensores.

Además, respondieron a uno de los argumentos del ente acusador, que alegaba que un trabajador cobrado por el contratista no prestó servicios porque no tenía licencia de conducción. La defensa indicó que sí tenía licencia, pero estaba registrada con tarjeta de identidad y no con número de cédula, lo que habría generado la confusión.