Gobierno anuncia investigación de una misión internacional por presuntos abusos de seguridad en Medellín

El Gobierno Nacional avanza en la investigación por los hechos ocurridos el pasado 7 de octubre en Medellín, cuando varios ciudadanos denunciaron agresiones por parte de agentes de seguridad adscritos a la Alcaldía de esta ciudad durante las manifestaciones pro-Palestina.

El viceministro de Diálogo Social y Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, explicó que una comisión integrada por el Ministerio Público, la Procuraduría, la Fiscalía y la Veeduría Internacional está recopilando información de las personas afectadas y de las autoridades locales para esclarecer lo sucedido.

“Lo primero que vamos a hacer es recibir las informaciones de primera mano de las personas afectadas, pero también tenemos reportes de hechos anteriores. No podemos permitir en un país democrático que civiles o contratistas asuman funciones de policía”, dijo Rondón.

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“No se puede ejercer autoridad desde la violencia”

El viceministro aseguró que ninguna administración local puede recurrir a la violencia institucional ni a contratistas para imponer el orden, y recordó los antecedentes de violencia que ha vivido Antioquia cuando particulares ejercen funciones de seguridad.

“Cuando se asume la autoridad por parte de privados o personas de civil, tenemos ejemplos en Antioquia y Medellín de lo que eso ha significado para el país. La violencia institucional por parte de contratistas se llama paramilitarismo, y eso es un delito”, advirtió.

Según Rondón, el Gobierno no busca interferir en las competencias de la Alcaldía, sino garantizar que el ejercicio del orden público no vulnere los derechos humanos.

“La protesta social debe ser pacífica, pero eso no puede ser excusa para la violencia institucional. Las alcaldías no pueden violar derechos humanos bajo el discurso de proteger la ciudad”, añadió.

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Denuncias por agresiones a vendedores y uso indebido de gestores de convivencia

Rondón confirmó que también se investigarán denuncias de agresiones a vendedores ambulantes en operativos de recuperación del espacio público.

Además, cuestionó la actuación de los llamados gestores de convivencia, quienes presuntamente habrían golpeado a ciudadanos durante las protestas.

“Yo soy uno de los creadores de los gestores de convivencia en el país, y en ningún manual se autoriza golpear a las personas. Su labor es promover el diálogo, no la violencia. No existe norma ni decreto que permita a contratistas agredir a la gente”, afirmó.

El viceministro pidió claridad a la Alcaldía de Medellín sobre las órdenes dadas a estos equipos y reiteró la invitación a las autoridades locales para participar en los espacios de diálogo convocados por el Gobierno Nacional.

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Llamado al alcalde de Medellín y a un concejal por incitación a la violencia

Durante su intervención, Rondón también se refirió a los mensajes del alcalde de Medellín en redes sociales y al comportamiento del concejal Andrés Felipe Rodríguez, conocido como “el Gury”, a quien señaló de incitar a la violencia. Este concejal ha invitado a la gente con un bate a golpear. Eso es incitar a la violencia y podría configurarse incluso como concierto para delinquir. Llamamos a bajar el discurso del odio y garantizar los derechos de todos los ciudadanos”, expresó.

Rondón recordó que ese mismo concejal había pedido garantías para la movilización cuando era parte de la oposición y que, por coherencia, hoy debería defender el derecho a la protesta.

“El Gobierno del cambio no odia a Antioquia ni a Medellín”

En medio de la polémica, el viceministro envió un mensaje a la ciudadanía antioqueña, asegurando que el propósito del Ejecutivo es defender los derechos humanos y evitar nuevas formas de violencia política.

“El Gobierno del cambio no odia a Antioquia ni a Medellín. Estamos aquí por amor al país y para evitar que se repita la violencia que dejó más de 6.400 víctimas. No es el Estado el que manda a golpear ciudadanos, es el Estado el que viene a protegerlos”, afirmó.

Finalmente, el viceministro anunció que todas las denuncias serán remitidas a los entes competentes y que se garantizará el debido proceso tanto para los funcionarios como para los contratistas involucrados.

“Cada entidad deberá actuar conforme a la ley. Nuestro papel es acompañar, verificar y asegurar que no haya impunidad frente a ninguna violación de derechos humanos”, concluyó Rondón.