Solo seis comunidades fueron incluidas en la consulta previa del proyecto Sirius 2 en La Guajira
Un juez archivó el incidente de desacato contra el Ministerio del Interior, Ecopetrol y Petrobrás.
Yacimiento de gas SIRIUS - 2. Foto: Suministrada
El Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha resolvió no sancionar a las entidades involucradas en el incidente de desacato por la exclusión de comunidades étnicas en el proceso de consulta previa del proyecto Sirius 2, liderado por el Ministerio del Interior, Petrobras y Ecopetrol. La decisión ha generado preocupación entre las comunidades afrodescendientes e indígenas del norte de La Guajira, que aseguran estar siendo marginadas del proceso.
El abogado Pablo Segundo Ojeda, defensor de estas comunidades, explicó en diálogo con Caracol Radio que la decisión judicial se basó en la falta de información que las alcaldías de Dibulla, Riohacha, Uribia y Manaure debían remitir al Ministerio del Interior, entidad encargada de consolidar el listado oficial de consejos comunitarios y autoridades tradicionales indígenas.
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“Las alcaldías no enviaron los datos requeridos, y eso impide que el Ministerio pueda verificar cuántas comunidades deben participar. Esa omisión institucional deja por fuera a más del 90 % de las comunidades del área de influencia”, señaló Ojeda.
De acuerdo con la información aportada por la empresa Petrobras, en la zona de influencia del proyecto se han identificado más de 300 comunidades, pero solo seis fueron reconocidas oficialmente hasta el momento: cuatro afrodescendientes y dos indígenas wayuu. El abogado advirtió que esta decisión desconoce la existencia de cientos de comunidades que dependen del mar para su subsistencia, tanto en lo alimentario como en lo espiritual y cultural.
Acciones judiciales
La defensa de las comunidades anunció que interpondrá una acción de tutela ante el superior jerárquico para buscar la revisión del fallo, y que también ha solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo y de la Corte Constitucional con el fin de unificar la jurisprudencia sobre este tipo de proyectos marinos, considerados un tema novedoso en el país.
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“Seguiremos trabajando de manera gratuita y jurídica para que todas las comunidades sean incluidas y puedan negociar directamente con la empresa, como les corresponde”, concluyó el abogado Ojeda.
El proyecto Sirius 2 contempla la explotación de gas natural en aguas cercanas a Palomino y la construcción de un gasoducto submarino que atravesará territorios de Riohacha, Uribia y Manaure hasta el sector de Mayapo. Según Ojeda, el impacto ambiental y social de la obra exige la participación plena de las comunidades locales.
“Nos preocupa que al escoger solo seis comunidades se acelere una consulta previa que no representa a todos los afectados. Se están vulnerando derechos colectivos”, afirmó.
