Defensoría alerta alto riesgo electoral en Atlántico por control de grupos armados y corrupción
135 municipios presentan niveles de riesgo, de los cuales 7 están en llamado a la acción urgente, 81 en acción prioritaria y 47 en observación permanente.
CUC400. CÚCUTA (COLOMBIA), 06/05/2025.- La defensora del pueblo de Colombia Iris Marín Ortiz, habla este martes durante su visita a Cúcuta (Colombia). Marín calificó como "positivo" el anuncio del Gobierno de que se instalará en Tibú, en la región del Catatumbo, una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Frente 33 de las disidencias de las FARC, con el que el Gobierno tiene negociaciones de paz, pero advirtió de los riesgos de dar ese paso. EFE/ Mario Caicedo / Mario Caicedo (EFE)
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Electoral 013 de 2025, en la que advierte sobre graves riesgos para el ejercicio democrático en la región Caribe, donde la combinación de corrupción electoral, compra de votos y presencia de grupos armados amenaza la libertad de participación política de cara a los comicios de 2025 y 2026.
En la macrorregión Caribe, que abarca Atlántico, Bolívar, Sucre, Magdalena, La Guajira, Cesar y San Andrés, el documento señala que 135 municipios presentan niveles de riesgo, de los cuales 7 están en llamado a la acción urgente, 81 en acción prioritaria y 47 en observación permanente.
El informe identifica la presencia activa del Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el ELN y facciones disidentes de las FARC-EP, que ejercen control político y social sobre comunidades, especialmente en Sucre, Bolívar y sectores rurales del Atlántico.
Municipios en riesgo
En el Atlántico, la Defensoría ubica en nivel urgente a municipios como Baranoa, Campo de la Cruz, Luruaco, Malambo y Polonuevo, mientras que Barranquilla y la mayoría de los municipios del departamento figuran como prioritarios.
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Las estructuras criminales, según la Defensoría, intentan influir en candidaturas locales y en procesos de participación, incluso a través de “voceros políticos” que actúan como mediadores ante la población, cooptando liderazgos comunitarios y las Juntas de Acción Comunal
El documento también advierte que la corrupción electoral y la compra de votos se mantienen como riesgos estructurales en la región. En el Caribe, estas prácticas limitan la pluralidad y favorecen a candidaturas apoyadas por intereses criminales o económicos.
En las elecciones anteriores, la Defensoría documentó casos en los que el Clan del Golfo restringió la movilidad de aspirantes y presionó a comunidades para votar por determinados candidatos.
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Aunque en ciudades como Barranquilla y Cartagena se han realizado comités de seguimiento electoral con la participación de autoridades y fuerza pública, el informe advierte que estas acciones aún no alcanzan los municipios rurales, donde la debilidad institucional persiste. De no tomarse medidas urgentes, la Defensoría alerta sobre un debilitamiento progresivo de la democracia local y una mayor captura institucional por intereses criminales
La entidad hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para garantizar la seguridad de candidatos, líderes sociales, mujeres y periodistas durante el proceso electoral, y pidió fortalecer las rutas de protección en los municipios con mayor riesgo.
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“El panorama en el Caribe es alarmante: los grupos armados buscan incidir en las decisiones locales, mientras la corrupción continúa siendo un obstáculo estructural para la democracia”, señala la Defensoría en su informe.
