Pereira

Procuraduría pide al Ministerio del Interior liderar diálogo para desbloquear vía Risaralda – Chocó

Cerca de 500 indígenas realizan una minga en el corregimiento de Santa Cecilia.

Foto: Minga Indígena en la vía Risaralda - Chocó - suministrada comunidad.

Foto: Minga Indígena en la vía Risaralda - Chocó - suministrada comunidad.

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La Procuraduría General de la Nación solicitó de manera urgente al Ministerio del Interior liderar las acciones de diálogo y concertación necesarias para levantar el bloqueo que desde el pasado 17 de septiembre mantiene incomunicados a los departamentos de Risaralda y Chocó, por una minga indígena en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico.

El llamado del Ministerio Público también fue dirigido al Instituto Nacional de Vías, Invías, a las gobernaciones de Risaralda y Chocó y al resguardo indígena Gito Dokabú, con el fin de establecer compromisos que permitan garantizar la libre movilidad por la carretera Panamericana.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda advirtió que la situación se ha agravado debido a que la vía Medellín – Quibdó también permanece cerrada por un derrumbe en el sector conocido como ‘punto 10’, lo que ha generado un represamiento total de camiones y vehículos de carga en el corredor Pereira – Quibdó, afectando el transporte de alimentos, combustibles y bienes de primera necesidad que acusan pérdidas diarias de dos mil millones de pesos. Así lo confirmó Juan Diego Ortiz, representante de la Confederación de Transportadores de Colombia.

“Aquí perdemos todos, aquí pierde el transportador, pierden los comerciantes, pierden los dueños de las mercancías, pierden los que despachan. Siempre somos los paganinis de estos bloqueos, entonces hacemos un llamado muy contundente al Gobierno Nacional; hombre, que nos colaboren, que se sienten, que arreglen, pero que hagan compromisos serios”, expresó Ortiz.

El ente de control instó a que se revisen y cumplan los compromisos alcanzados en reuniones previas para evitar mayores perjuicios económicos y sociales, así como para garantizar la seguridad y bienestar de las comunidades afectadas.

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