Barranquilla

ADRES suspende giros a cinco IPS fantasmas en el Atlántico

Las entidades suman más de $2.900 millones en cobros, informó la administradora.

ADRES

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La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) anunció la suspensión del reconocimiento y pago de reclamaciones a 23 IPS en distintas regiones del país, tras detectar presuntas irregularidades en los cobros realizados por atención de accidentes de tránsito con vehículos sin SOAT o no identificados.

Cinco de ellas en el Atlántico

De ese total, 12 IPS presentaron reclamaciones que superan los $4.911 millones, y entre las que más facturaron se encuentran cinco entidades ubicadas en el departamento del Atlántico, que juntas suman más de $2.900 millones en cobros.

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La detección de estos casos se logró gracias a auditorías técnicas realizadas desde 2023 por tres firmas contratadas por la ADRES. Estas auditorías incluyeron visitas físicas de verificación a las clínicas y centros médicos que presentaban reclamaciones ante el sistema por servicios prestados a víctimas de accidentes viales.

Hemos tenido que suspender pagos a 23 clínicas en todo el país —una en la Costa Atlántica, otra en el Valle del Cauca, entre otras— por presuntos cobros fraudulentos o intentos de fraude. Estas IPS pueden presentar recurso de reposición, y si la respuesta no es satisfactoria, los casos serán remitidos a la Fiscalía, como ya ocurrió con 40 clínicas el año pasado. Nuestra obligación es proteger y vigilar los recursos del sistema de salud”, señaló Félix León Martínez, director general de la ADRES.

Las IPS deberán responder

En cumplimiento del debido proceso, la ADRES ya notificó formalmente a los representantes legales de las IPS involucradas. Estas entidades tendrán 10 días hábiles para interponer recurso de reposición y entregar los soportes correspondientes. En caso de no desvirtuar los hallazgos, los casos serán trasladados a las autoridades judiciales.

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La entidad reiteró que mantendrá los controles y auditorías en curso para garantizar la transparencia en el uso de los recursos del sistema de salud, especialmente en la atención de víctimas de tránsito sin cobertura del SOAT.

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