Muere preso político en la cárcel de Palogordo en Girón, por presunta negligencia médica
Prisioneros políticos rechazan la omisión en la atención médica y denuncian la falta de un servicio de urgencias.
Hernando Mantilla, veedor de los derechos carcelarios en Santander
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Bucaramanga
La muerte del preso político Carmen Ángel Acosta Velázquez, recluido en el patio 7 de la cárcel de Máxima Seguridad de Palogordo en Girón, desató una fuerte polémica y denuncias de violación de derechos humanos.
Según un comunicado de los prisioneros políticos el hombre de 36 años presentaba graves problemas de salud desde el pasado 21 de agosto, pero nunca recibió la atención médica especializada ni la remisión hospitalaria que requería.
El domingo 14 de septiembre falleció tras varias semanas de padecimientos.
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El escrito responsabiliza directamente al Inpec y a la IPS Norsalud, al señalar que limitaron la atención a la entrega de calmantes, omitiendo diagnósticos y tratamientos que pudieron salvarle la vida.
También señala a las directivas del penal por avalar lo que califican como un “crimen por omisión”.
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El veedor de derechos carcelarios en Santander, Hernando Mantilla, confirmó el caso y expresó su preocupación.
“Me informan que el interno venía padeciendo de una cefalea muy fuerte. Se ordenaron algunos exámenes, incluso una tomografía, pero los médicos de Norsalud no dieron mérito a la gravedad y no lo trasladaron a un hospital. Esa expresión, ‘no dieron mérito’, se repite con frecuencia y termina en tragedias como esta”, advirtió.
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Mantilla pidió investigaciones inmediatas y advirtió que no es un hecho aislado.
“He visto más de un caso donde los internos están realmente enfermos y no son atendidos. En las cárceles prácticamente las urgencias no existen. Ya es hora que el Inpec y Norsalud asuman su responsabilidad, porque lo que está en juego es el derecho más sagrado de todos: la vida”, puntualizó.
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El defensor recordó las fallas en atención de salud en las cárceles del área metropolitana como en la cárcel Modelo de Bucaramanga donde hay 6 internos contagiados de tuberculosis, en uno de los patios de adultos mayores.
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Así como los casos de hacinamiento que incrementan en las estaciones de policía, como por ejemplo la estación Norte de Bucaramanga donde hay 166 internos en un espacio para 15 personas.
Organizaciones de derechos humanos y los prisioneros políticos exigen la intervención de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Salud, así como garantías de no repetición.
