Nuevas polémicas rodean a la Fundación San José con trámites de diplomas exprés y contratos estatales

Surgen nuevos detalles del polémico nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de juventudes del Ministerio de la Igualdad. En esta ocasión, se trata del procedimiento administrativo de la Fundación de Educación Superior San José, que otorgó el título a Guerrero, días después de aparecer su hoja de vida en la página de aspirantes de la presidencia de la república.

Su representante legal, Francisco Pareja, también figura como apoderado de entidades educativas como el Instituto Triángulo, que ofrece validación por ciclos, carreras técnicas y cursos cortos; el Colegio Triángulo, que brinda educación básica y media con modalidad presencial/virtual y horarios flexibles para graduarse rápido; y el Springfield Language Center, donde se imparten cursos de inglés, francés y japonés, y se prometen certificaciones por nivel.

Dicho conglomerado educativo, según reveló la revista Cambio, en el que la Fundación San José es la institución principal, triplicó sus ingresos en el 2021 en un 266%, llegando a ser de 29.533 millones, de los cuales, la mayoría de recursos fueron resultado de las matrículas y otros ingresos operativos, sin embargo, según el análisis realizado con información pública del SECOP y la plataforma PACO, entre 2018 y 2021, la Fundación San José suscribió contratos estatales por 1.392.631.065 pesos, firmas que terminarón en 2022.

Entre 2022 y 2025, la fundación suscribió dos megaconvenios con la Gobernación del Magdalena por un total de 26.285.942.042 pesos: uno por 12.571.656.328 adjudicados en marzo de 2022, y otro por 13.714.285.714, asegura Cambio.

A este antecedente, se suma una llamada realizada por la representante Jennifer Pedraza a una asesora de admisiones de la Fundación, quien le ofreció una alternativa para obtener un título profesional, pues según relata, con apenas cinco meses de estudio adicional, solo debía pagar un seminario de homologación, unos cursos de inglés y cumplir horas extracurriculares. Eso sí, tendría que presentar los exámenes de Estado obligatorios (Saber TyT para tecnólogo y Saber Pro para profesional) antes de graduarse.

En las investigaciones realizadas por Pedraza, descubrió que este no era un caso aislado: otros contratistas estatales relataron historias similares de diplomas relámpago otorgados por la San José. Al realizar la verificación de uno de esos nombres, halló el mismo patrón: el graduado aparecía titulado sin haber presentado el Saber Pro correspondiente.

“Aquí podría estarse cruzando contratación pública con títulos acelerados”, dijo la congresista, con lo que formuló su hipótesis más contundente: detrás de estos títulos exprés podría haber un canje de favores entre el Gobierno y ciertas instituciones educativas, y los beneficiarios serían jóvenes “enchufados” cuyo mérito académico se imprimiría por encargo.

Ante estas acusaciones la universidad respondió

Francisco Pareja González, representante legal y excongresista, admitió que la institución graduó a personas que no habían presentado estas pruebas en al menos un caso, y lo explicó como un “descuido administrativo”.

También, ha entregado un documento en el que se diferencia el acto de grado, la cual otorga la condición de profesional, y diploma el cual es un documento probatorio, y señaló que el Saber Pro es un requisito de presentación, no de aprobación. Para ello cita fallos del Consejo de Estado, el Decreto 1781 de 2003, la Ley 1324 de 2009 (art. 7) y el Decreto 869 de 2010.

Concluyó que un desfase temporal entre el grado y la presentación del examen es un trámite procedimental y que Juliana Guerrero sería profesional “a todos los efectos legales”.

Sin embargo, para la contratista esto no lo es, y recalca que ninguna institución de educación superior puede otorgar un título sin que el estudiante haya presentado la prueba de Estado correspondiente.

Este asunto deberá aclararse revisando el kárdex(historial académico), las actas de homologación, el plan de estudios y el acta con la fecha de grado de la estudiante. Algo que seguramente se realizará por las acciones penales que interpuso la representante.