Por vías que no se hicieron, la Contraloría de Tunja inició proceso de responsabilidad fiscal
La Contraloría Municipal pudo verificar el incumplimiento y varias vías no se hicieron, no se ejecutaron adecuadamente las obras o incluso no tenían señalización y en los informes se había registrado lo contrario
Inician obras viales en Tunja. Foto | Archivo / Cortesía: Alcaldía de Tunja
Tunja
La Contraloría de Tunja inició un proceso de responsabilidad fiscal del contrato 1022 del 2022, cuyo objeto era realizar estudios, diseños y construcción de la malla vial y el espacio público en Tunja, del cual detectó presuntas irregularidades en su ejecución, porque no se intervinieron todas las vías que estaban estipuladas e incluso no se hicieron algunas que estaban dentro del contrato.
El posible detrimento al patrimonio público sería por más de $ 130 millones que, según la Contraloría, pudieron haberse manejado de forma indebida, afectando el presupuesto de la ciudad
El contrato contemplaba la intervención de 69 tramos de la malla vial de la capital boyacense, pero solo se ejecutaron 43, es decir, 26 menos que los que se habían estipulado, equivalente al 30 % de incumplimiento. A pesar de eso, se diseñaron todos los tramos, diseños que nunca se usaron y que de todos modos fueron pagados por un valor superior a $ 116 millones.
Otro aspecto que encontró la Contraloría fueron las inconsistencias en las cantidades de obra reportadas frente a lo que realmente se ejecutó. Por ejemplo, se pagaron valores mayores a lo que realmente se hizo en terreno; se pagaron $ 237 millones por una vía que no se construyó. Esas diferencias, sumadas, dieron lugar a la cifra del presunto detrimento patrimonial.
Pero eso no es todo. En los propios registros de la interventoría, también se identificaron pagos por trabajos de señalización vial que no coincidía con las direcciones verificadas en los sectores del barrio Santa Marta y Cooservicios, donde no estaba la demarcación o no correspondía. Esas inconsistencias llevaron a concluir que se hicieron pagos por obras que no existen o están incompletas.
Dentro del proceso de responsabilidad fiscal están involucrados el Consorcio Interboyacá 2022 que está integrado por al empresa GPR Ingeniería de Proyectos e Infraestructura y también por Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros, ambas con sede en Bogotá, y también el Consorcio Vías Tunja 2022, de la cual Julio César Velilla Fonseca es su representante legal.
Ambas partes, fungiendo como contratistas e interventores, respectivamente, eran responsables del desarrollo de la obra y que, según las investigaciones, habrían ocasionado el detrimento patrimonial.
En el documento de la apertura de este proceso se dejó claro que, si en el curso de la investigación aparecen nuevos implicados o se detectan otros hechos irregulares relacionados con la ejecución de ese contrato, la Contraloría podrá vincularlos.
Este órgano de control determinará si los consorcios deberán responder por el presunto detrimento patrimonial de más de $ 130 millones.
