Denuncia contra vicepresidenta Francia Márquez: camioneta de la UNP lleva materiales de construcción
El concejal Daniel Briceño cuestionó que un vehículo oficial del esquema de seguridad de la vicepresidenta transportara materiales de construcción hacia su residencia en el Valle del Cauca. La Vicepresidencia respondió con un comunicado.
Daniel Briceño y Francia Márquez | Fotos: Cortesía y Colprensa
Colombia
El concejal bogotano Daniel Briceño denunció públicamente que una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), adscrita al esquema de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez, habría sido usada para transportar materiales de construcción destinados a la remodelación de su vivienda en Dapa, Yumbo.
“Se están utilizando camionetas del esquema de seguridad para llevar materiales a la casa de la vicepresidenta. Es un uso indebido de recursos oficiales y debe investigarse”, escribió Briceño en sus redes sociales, donde pidió claridad a la UNP y a Márquez sobre los hechos.
La respuesta oficial
La Vicepresidencia de la República confirmó que la mandataria ordenó, con recursos propios, la construcción de una garita de vigilancia con baño incluido en su residencia privada.
En un comunicado, la entidad aclaró que:
- La responsabilidad sobre los vehículos del esquema de seguridad recae en la UNP y en sus funcionarios designados.
- Los esquemas deben contar con condiciones adecuadas para prestar la protección a altos dignatarios tanto en espacios oficiales como en sus residencias.
- Un miembro del esquema utilizó la camioneta para transportar materiales, decisión que corresponde a los encargados del parque automotor de la UNP.
Polémica por el uso de recursos oficiales
La denuncia de Briceño se suma a la controversia por el uso de un helicóptero de la Policía Nacional para los desplazamientos de Márquez hacia su casa en Dapa. La vicepresidenta ha defendido esta medida como necesaria para su seguridad, recordando que en el pasado sufrió un atentado frustrado en la vía de acceso a su vivienda.
La discusión reabre el debate sobre el límite entre la seguridad de los altos funcionarios y el uso de recursos públicos en actividades privadas.
