Desmontan esquema de seguridad del secretario de Paz de Medellín: responsabiliza al presidente Petro
Carlos Arcila denunció que la decisión se toma en represalia por sus críticas a las políticas del Gobierno Nacional.
Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín. Foto: Cortesía.
Medellín
Carlos Arcila Valencia, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, denunció públicamente la decisión de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de desmontar su esquema de seguridad, medida que pondría en riesgo su vida e integridad física.
El funcionario aseguró que ha sido blanco de amenazas constantes debido a sus denuncias sobre la presencia de grupos armados ilegales y estructuras criminales en la ciudad, señalando que esta decisión podría tener motivaciones políticas.
Acusa al Gobierno Nacional de tomar represalias
Arcila cuestionó que la eliminación de su esquema de protección no esté basada en un análisis técnico de riesgo, sino en represalias por sus críticas a las políticas del Gobierno Nacional, en especial a la estrategia de “Paz Total”.
El secretario advirtió que cualquier atentado en su contra sería responsabilidad directa del director de la UNP y del presidente de la República, Gustavo Petro.
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“A nombre de todos aquellos que nos encontramos en riesgo y peligro, hago responsable al presidente Gustavo Petro por su irresponsabilidad. Tanto que prometió garantizar la vida, y hoy, al contrario, pone en riesgo la de candidatos presidenciales, líderes y defensores de derechos humanos, y en este caso, la mía. Hago responsable al señor presidente Petro por la situación que se me presenta, de riesgo contra mi vida y que él sería el único responsable frente a las dificultades que se me presenten”, expresó el funcionario.
El secretario calificó la medida como una forma de persecución política y alertó que este tipo de decisiones envían un mensaje “alarmante y desesperanzador” a quienes defienden los derechos humanos en Colombia.
“Esta situación, más allá de un acto administrativo, representa una forma de persecución política directa y nos pone en riesgo a funcionarios, defensores de derechos humanos y en general, a ciudadanos que contamos con exposición o vulnerabilidad”, indicó Arcila.
Finalmente, hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que actúe como una entidad imparcial, comprometida con la protección de todas las personas en situación de riesgo, sin distinción de sus posturas políticas.
