Contraloría General de la República asume investigación de uso de caja menor en alcaldía Quintero
El ente fiscalizador nacional asumió poder preferente frente a la investigación que se adelantaba en la Contraloría Distrital de Medellín.
Procuraduría abre investigación a Daniel Quintero y Maria Camila Villamizar por uso de fondo fijo
Medellín, Antioquia
La Contraloría General de la República decidió asumir la competencia para investigar el presunto manejo irregular del fondo fijo del Despacho del Alcalde de Medellín durante la administración de Daniel Quintero Calle (2020-2023), ante posibles hallazgos con alcance fiscal, dejándolo bajo el radicado: ORD-80112-1861-2025.
La decisión se tomó tras la revisión de los informes de auditoría elaborados por la Contraloría Distrital de Medellín y la apertura de indagaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación. En estos reportes se identificaron posibles irregularidades en el uso de recursos de la caja menor que habrían sido utilizados para gastos no urgentes ni imprevistos o doble cobros, como exige la normativa vigente.
Entre los rubros que generan alerta se encuentran pagos en restaurantes costosos, compras en floristerías, panaderías, mercados y supermercados, así como registros de doble cobro de viáticos y gastos operativos. Además, se detectó el uso de la caja menor para cubrir consumos personales y sostenidos en el tiempo, lo que contradice el carácter excepcional de este mecanismo presupuestal.
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¿Qué es el fondo fijo y qué se investiga?
El fondo fijo o caja menor es un mecanismo de ejecución presupuestal destinado exclusivamente a cubrir gastos urgentes, imprevistos y necesarios, de cuantías menores, que no admiten otro tipo de trámite contractual. Está regulado por el Decreto 1645 de 2006 y su uso indebido puede acarrear sanciones disciplinarias y fiscales.
De acuerdo con los hallazgos preliminares, durante el gobierno de Quintero se habría creado una dinámica de uso rutinario de la caja menor, evadiendo procesos de contratación regular para realizar compras frecuentes sin justificación urgente, e incluso en algunos casos duplicando pagos ya cubiertos por viáticos.
Asimismo, la Procuraduría continúa con una investigación disciplinaria en curso contra Daniel Quintero y su exsecretaria privada María Camila Villamizar, por presunta transgresión a los principios de eficiencia y moralidad en la gestión pública.
Lo que sigue
La Contraloría General podrá practicar pruebas, solicitar testimonios y requerir documentos oficiales para determinar si existió detrimento patrimonial, lo que derivaría en un eventual proceso de responsabilidad fiscal contra los exfuncionarios implicados.
Este nuevo frente judicial se suma a otros procesos que enfrenta el exalcalde, y podría derivar en sanciones económicas, inhabilidades o eventuales compulsas de copias a la Fiscalía General de la Nación, si se evidencian hechos con connotación penal.
