Secuestro de militares: control territorial, causas y efectos de la práctica

En Hora20 el análisis de lo que pasa en país en términos de orden público ante el nuevo secuestro contra 34 militares en el Guaviare. Una mirada a esta constante práctica por parte de los armados y de comunidades, lo que significa en términos de control territorial y del monopolio en el uso de la fuerza. Después, lo que significa el llamado a juicio de Andrés Calle e Iván Name por el caso de la UNGRD,

Lo que dicen los panelistas

Kyle Johnson, cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses, politólogo y magister de ciencia política, planteó que es lección aprendida de la forma como operan las disidencias de las Farc, tanto las de Calarcá como las de Mordisco al utilizar a las comunidades para controlar a la fuerza pública, “este es un tema de economía de la violencia, es más barato para los armados presionar a civiles para que controlen los movimientos del Ejército que enfrentarlos a bala”. Destacó que las comunidades sí son presionadas abiertamente, “eso no es secreto así lo nieguen, sobre todo en Cauca y es un reflejo de falta de control territorial del Estado, conozco ese lugar en Guaviare y el control de las disidencias es total y abierto y en otras zonas es semejante donde ocurren asonadas”. Sin embargo, dijo que hay comunidades en varias regiones del país que le dicen no a las organizaciones armadas a pesar de las presiones para que participen en las asonadas, “eso era muy común en El Plateado, pero ha cambiado, era común hace un tiempo que la comunidad de manera forzada tenía que salir y enfrentarse con el Ejército”.

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Esteban Salazar, analista político, investigador en temas de democracia y gobernabilidad, señaló que en este tipo de eventos en los que comunidades presionadas secuestran a militares, hay doble victimización. Por un lado, las víctimas son las comunidades por cuenta de las presiones de las organizaciones armadas, lo cual las convierte en escudos para reprimir el accionar de la fuerza pública, pero al mismo tiempo el Ejército y la Policía son víctimas por cuenta de ser objeto de un secuestro. De otro lado, dijo que estamos ante unas organizaciones híbridas, “son guerrilleros por tradición, pero narcos por convicción. Buscan proteger sus rentas ilegales, pero sacan su carta del factor político subversivo cuando se enfrentan a problemáticas con el Gobierno”.

Camilo Granada, politólogo, economista, exalto consejero para las comunicaciones de la presidencia y consultor, detalló que resulta una paradoja que los militares secuestrados sean de una fuerza élite, donde están altamente entrenados en el uso de armas y de enfrentar cualquier situación, “entonces el que sean retenidos muestra que ellos conscientemente están optando por no usar la violencia frente a una asonada de gente que son civiles, entonces pues termina siendo una paradoja que cuando estamos acostumbrados que secuestradores son violentos, esta vez sea la comunidad rodeando una asonada a una fuerza pública que decide no usar derecho legítimo a defensa”.

Resaltó que lo ocurrido refleja una situación que empeora con el tiempo y es efectivamente la utilización coercitiva de grupos armados de la comunidad para que bajo presión terminen siendo escudos o armas de ataque para proteger su salida ante la fuerza pública, “el debate que se da con las comunidades sobre una persona que muere en intercambio de disparos que puede ser civil de comunidad como ellos reclaman o un miembro de la disidencia y eso refleja que la degradación del conflicto lleva a que los grupos armados se camuflen entre la comunidad”.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Dignidad, manifestó que el Gobierno fue ingenuo en la forma de leer la naturaleza de las organizaciones armadas, “el conflicto cambió su naturaleza y hoy la preocupación es la protección población civil, la usan como escudo y no se piensa en la juventud rural”. Remarcó que se está haciendo de la población un escudo, “pero también se están fortaleciendo a través de falta de oportunidades para la juventud. Entonces el problema es cómo conectamos comunidades con Estado cuando los armados son Estado, administran justicia y tienen control militar”. En esa medida advirtió que la fórmula no es sólo control militar, “se requiere también una oferta de derechos con garantías y oportunidades, pero el Gobierno no ha sido asertivo con esas medidas y el laxo con los criminales”.