Gobierno y JEP avanzan en decreto para implementar Sanciones Propias y medidas restaurativas
Entre los aspectos clave se incluye la afiliación a seguridad social, la protección frente a riesgos laborales y la garantía de condiciones dignas de habitabilidad.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, el Ministerio de Justicia y del Derecho y otras entidades del Gobierno nacional ya tienen listo el borrador de un decreto que establecerá las condiciones para la implementación de las Sanciones Propias y las medidas restaurativas que impondrá el Tribunal para la Paz en sus primeras sentencias.
El proyecto define las reglas que deben cumplir las entidades públicas, y también las privadas que se vinculen, para que los comparecientes puedan cumplir sus sanciones a través de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador (TOAR) y Medidas de Contribución a la Reparación (MCR), sin que haya una relación laboral o contractual.
Entre los aspectos clave se incluye la afiliación a seguridad social, la protección frente a riesgos laborales y la garantía de condiciones dignas de habitabilidad.
Seguridad y garantías en los territorios
El borrador de decreto también establece medidas de seguridad para los comparecientes y para las comunidades que los acojan, así como las condiciones en las diferentes entidades que permitan aplicar las restricciones.
En la sesión de la Instancia de Articulación Gobierno–JEP, la Sección de Reconocimiento del Tribunal hizo un llamado a priorizar en el Presupuesto General de 2026 los recursos necesarios para materializar los primeros proyectos restaurativos.
“Este es un ejercicio inédito en Colombia. Queremos que las sentencias sean viables y lleguen a los territorios; ese es el camino que dará legitimidad a la JEP y seguridad jurídica a los comparecientes”, afirmó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.
Por su parte, Juan David Villalba, director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, habló de la urgencia de aprobar el decreto.
“Es importante que esta norma salga pronto para brindar respuestas efectivas a las sentencias que expida la JEP”.
Desde la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, su directora Gloria Cuartas enfatiza en la necesidad de garantizar la seguridad de comparecientes y comunidades en medio de la situación de orden público que atraviesa el país:
“El tema de la seguridad es fundamental, tanto para firmantes de paz como para militares”.
La Misión de Verificación de la ONU saludó la articulación entre la JEP y el Gobierno. Su jefe adjunto, Raúl Rosende, recordó que el Consejo de Seguridad de la ONU deberá recibir en octubre un informe sobre el avance en la implementación de las sanciones propias.
“Sería importante reportar que las sanciones han sido impuestas, pero también que el Estado está creando las condiciones para cumplirlas”, señaló.
