Gobierno ha sido muy desordenado en manejo fiscal, aumento de tarifas impactaría de más: exministro

El Gobierno Nacional presentó un borrador de decreto que propone un aumento del 20% en la tarifa de energía eléctrica, con el objetivo de recaudar 1.2 billones de pesos.

Esta medida también establece requisitos para quienes soliciten exenciones, lo que podría limitar los actuales beneficiarios.

La medida se soporta en la Ley 1430, que establece que los usuarios deben pagar una sobretasa en la factura de energía eléctrica, en los que se incluyen los estratos cinco y seis, además de los denominados usuarios comerciales e industriales.

Según el exministro, Amilkar Acosta, la interpretación del Ministerio de Hacienda y la DIAN modifica la exoneración otorgada en la última reforma tributaria, afectando al sector industrial.

El control recaería en la Superintendencia de Servicios Públicos y las empresas prestadoras, que deberán reportar periódicamente la información de los usuarios industriales facturados. En este orden de ideas, Tomás González, exministro de Minas y Energía, para hablar profundizar en este tema.

¿Qué va a pasar si esta sobretasa se convierte en realidad?

González explicó que en 2013 se estableció un recargo en la energía para industrias, comercios y hogares de estratos cinco y seis, con el fin de subsidiar a los estratos más bajos.

“Lo que hizo la medida en 2013 fue decir: ‘Oiga, necesitamos competitividad, vamos a quitar a la industria de esto’, y les bajó esa contribución del veinte por ciento’”, agregó.

De esta manera, el exministro explicó que ahora el Gobierno, debido a la difícil situación fiscal y al alto gasto en subsidios, busca limitar este aporte únicamente a la industria manufacturera para reducir costos.

No obstante, advirtió que esta medida, aunque alivie el gasto público, plantea dudas sobre el mensaje hacia la industria, la transición energética y la forma en que se están abordando los problemas estructurales.

En el caso de implementarse: ¿Las grandes empresas del país tendrían que pagar este veinte por ciento adicional?

González dijo que inicialmente el decreto contemplaba seis sectores beneficiarios: industria manufacturera, minas y canteras, agricultura, construcción, comunicaciones y servicios públicos.

Sin embargo, el Gobierno decidió dejar solo a la industria manufacturera para reducir el costo de tres billones a casi la mitad. Advirtió que esta medida, aunque alivia las finanzas, afecta la competitividad y la productividad.

Puso como ejemplo los data centers y la inteligencia artificial, sectores estratégicos a los que se les encarecería la energía en veinte por ciento, lo que genera dudas sobre la coherencia de la política y sobre su impacto en el desarrollo futuro.

“Pues resulta que los data centers son intensivos, pero muy, muy intensivos: entre el cuarenta y el sesenta por ciento de sus costos son energía eléctrica, y esos no son industria manufacturera”, añadió.

¿Qué va a pasar con todo el sistema de subsidios para la energía en Colombia?

El exministro dijo que el Gobierno justificó el cambio por el alto costo de los subsidios y la difícil situación fiscal, pero la pregunta clave es por qué ese gasto ha crecido tanto.

Adicionalmente, dijo que los datos oficiales muestran grandes ineficiencias y desperdicio energético, incluso de hasta dos terceras partes de la energía producida. Destacó que la falta de eficiencia incrementa el consumo y la necesidad de subsidios.

Asimismo, sostuvo que los apoyos están mal focalizados, pues benefician a quienes no lo requieren y descuidan a los más vulnerables. Finalmente, criticó el desorden fiscal y el aumento desmedido del gasto público.

“El problema de fondo es cómo estamos manejando lo fiscal, cómo estamos teniendo excesos de consumo ineficiente y cómo tenemos mal focalizados los subsidios. De eso, el decreto no dice nada”, concluyó.

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