Alertan falta de cupos de práctica en hospitales para estudiantes de universidades públicas

Actualmente la formación de los estudiantes del área de la salud se ve amenazada por la disponibilidad de cupos en los escenarios de práctica, situación que se refleja en las denuncias de varios alumnos de universidades públicas como la Universidad Nacional.

Uno de los motivos de esta problemática radica en que los convenios docencia-servicio establecidos entre las universidades y los hospitales, establecen la figura de la contraprestación, es decir que las universidades retribuyen económicamente o en especie a las clínicas por la formación de los estudiantes.

Las universidades privadas cuentan con la posibilidad de retribuir con un porcentaje de las matrículas, mientras que las públicas solo pueden hacerlo mediante modalidades como cupos en educación continuada, simposios, congresos, diplomados, asesorías o descuentos en sus matrículas de posgrado.

En el caso de la UNAL, cada semestre se presentan cerca de 9.000 aspirantes al programa de medicina, pero en prácticas solo son admitidos alrededor de 120 por semestre.

La raíz de este problema está en que la ley 30 de 1992, que regula la educación superior en Colombia, permitió la proliferación de facultades de medicina, y que la ley 100 de 1993, que reformó el sistema de salud, introdujo dinámicas de mercado que han dificultado la financiación y el fortalecimiento de los hospitales públicos.

Posibles soluciones a la falta de acceso a la práctica

Desde la universidad nacional, se ha planteado que en la reforma a la salud, se incluya un artículo que priorice la asignación de cupos de práctica para estudiantes de las universidades públicas, y la modificación de los lineamientos de capacidad instalada vigentes.

La priorización, según explica el decano de la facultad de medicina de la UNAL, José Fernando Galván, favorecería los convenios de largo plazo, estables y con capacidad formativa entre universidades y hospitales públicos.

Esta iniciativa que la acompañan estudiantes y profesores, garantizaría la coherencia en el uso de recursos estatales.