Superintendencias alertan en Montería sobre riesgos de captación ilegal de dinero
Autoridades financieras capacitaron a comerciantes, estudiantes y ciudadanos para identificar esquemas fraudulentos de inversión y crédito no regulados.

La captación ilegal perjudica económicamente e involucra a los afectados en actividades delictivas. Foto: Getty Images(Thot)
Montería
En un esfuerzo conjunto para combatir las prácticas financieras ilegales, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Superintendencia de Sociedades (SuperSociedades) llevaron a cabo en Montería una nueva jornada de la campaña “Me informo y cuido mi dinero”.
La iniciativa busca educar a la población sobre los riesgos de la captación no autorizada de recursos, un fenómeno que ha proliferado tanto en plataformas digitales como en esquemas presenciales con promesas de altas rentabilidades.
Las charlas, dirigidas a empresarios, autoridades locales, estudiantes y ciudadanos, enfatizaron la necesidad de verificar la legalidad de las entidades que ofrecen créditos o inversiones.
Javier Pulido, delegado de la Superfinanciera, advirtió que en Córdoba ya se han recibido más de 15 quejas este año por presuntos fraudes, incluyendo esquemas piramidales y operaciones internacionales no autorizadas.
“El mensaje clave es preguntar siempre con quién negociamos y bajo qué términos. Muchos pierden sus recursos por confiar en ofertas que no cuentan con supervisión estatal”, afirmó durante su intervención.
Riesgos en plataformas digitales
La SIC destacó los riesgos específicos de las plataformas digitales de crédito, cuya vigilancia recae directamente sobre esta entidad cuando no están reguladas por otras autoridades. Los capacitadores insistieron en revisar minuciosamente los términos de los préstamos, incluyendo la tasa de interés efectiva anual, la razón social del prestamista y el detalle de las cuotas.
“Estas operaciones suelen ocultar cláusulas abusivas. Si una empresa no proporciona información transparente, es una señal de alerta”, explicó un representante de la SIC.
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Shirley Chadid Benitorevollo, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Sinú, resaltó el rol de la academia en este proceso. “Como institución educativa, apoyamos esta campaña que fortalece las capacidades de emprendedores y empresarios para tomar decisiones informadas”, señaló.
La universidad fungió como aliada en la jornada, subrayando la importancia de articular esfuerzos entre el sector público y el educativo.
Alerta sobre modelos de captación masiva
Uno de los ejes centrales de la campaña fue alertar sobre los modelos de captación masiva de dinero, que suelen prometer retornos excepcionales en plazos cortos. Las superintendencias recordaron que estas prácticas, al carecer de autorización, exponen a los inversionistas a perder todo su capital sin posibilidad de reclamo.
Pulido ejemplificó con casos de comercio internacional de divisas (Forex) o criptomonedas, que requieren permisos específicos de la SFC: “Si no hay una entidad estatal que supervise la operación, el riesgo de fraude es inminente”.
La jornada también abordó el auge de préstamos mediante aplicaciones móviles, un sector donde proliferan cobros desproporcionados y cláusulas ocultas.
Las autoridades recomendaron desconfiar de ofertas que no detallen costos reales o que soliciten acceso a datos personales sin justificación. “El celular y las redes sociales son herramientas útiles, pero también canales frecuentes para estafas. Antes de enviar dinero o firmar digitalmente, hay que corroborar la legitimidad de la contraparte”, insistió Pulido.
Canales de ayuda y denuncias
Como parte de las acciones preventivas, las superintendencias habilitaron canales para consultas y denuncias, e instaron a los ciudadanos a reportar cualquier sospecha. “La captación ilegal no solo perjudica económicamente, sino que en algunos casos involucra a los afectados en actividades delictivas sin su conocimiento”, agregó el delegado de la SFC.
La campaña, que ya ha recorrido otras regiones del país, se enmarca en un contexto nacional donde el 32% de las quejas por servicios financieros en 2024 están relacionadas con productos no regulados, según datos de la Superfinanciera. En Córdoba, las autoridades locales han detectado un incremento de casos en municipios como Lorica y Tierralta, donde poblaciones vulnerables son frecuentemente target de estos esquemas.
Al cierre del evento, las entidades reiteraron su compromiso de ampliar las capacitaciones, especialmente en zonas rurales con menor acceso a información financiera. “La educación es la primera barrera contra el fraude. Queremos empoderar a los ciudadanos para que exijan transparencia y usen solo mecanismos autorizados”, concluyó Chadid.
El llamado a la ciudadanía es claro: desconfiar de lo “demasiado bueno para ser verdad” y acudir siempre a fuentes oficiales antes de invertir o endeudarse.




