Un fallo histórico contra Chiquita Brands y de justicia para las víctimas en Urabá: Forjando Futuros

Antioquia

Luego de que se conociera el fallo del Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia contra siete exfuncionarios de la multinacional bananera Chiquita Brands, por financiación del paramilitarismo en el departamento, especialmente en Urabá. La Fundación Forjando Futuros hizo varias solicitudes a la justicia en cuanto a la reparación de las víctimas.

Gerardo Vega, abogado de la fundación, quien ha seguido de cerca el proceso contra la empresa estadounidense cuya filial en Colombia era Banadex, catalogó el fallo de 11 años de prisión contra los implicados como histórico para las víctimas.

“Es un mensaje hacia el mundo, también en el sentido de que las multinacionales, empresas como estas, no pueden venir a Colombia a cometer delitos, concertarse para delinquir, porque la condena ha sido precisamente por eso, por concierto para delinquir, financiar grupos criminales, y se van como si nada hubiera pasado”.

Destacó que el fallo refuerza la necesidad de que el país sepa la verdad sobre los financiadores del paramilitarismo en el país. Recordó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene 54 mil víctimas en Urabá, por ello, la importancia de la decisión judicial.

“Colombia tiene que tener una justicia que reaccione frente a esos hechos de criminalidad. Y es lo que ha pasado con este fallo, lento, lento, hace 20 y pico de años. Pero sale una decisión judicial que aún falta que quede completamente firme porque, si es apelada esa decisión del juzgado, si es apelada, pasará al tribunal de Antioquia. Y para eso tenemos dos meses”.

Además, recomendó que, ante el fallo, el Estado colombiano debe pedir que los sentenciados sean extraditados a Colombia para que paguen cárcel en el lugar donde cometieron el delito de concierto para delinquir agravado.

“Y como hay unos acuerdos y unos convenios internacionales y tratados que obligan el respeto a la justicia, es que no es pedir, es hacer rápidamente una solicitud de extradición de esas personas porque el juez también dicta a ella las medidas, las órdenes de captura. Eso está claro. Ya al gobierno le corresponderá adelantar las acciones y a la cancillería que corresponda para lograr la extradición de esas personas”.

El señor Gerardo Vega, abogado de la fundación, también solicita que la plata de las multas, tanto los 13 mil millones de pesos de la justicia colombiana como los 25 millones de dólares que impuso la sentencia de los Estados Unidos, lleguen a las víctimas.

“Nosotros, ¿qué pensamos? Que ese dinero ojalá llegara a manos de las víctimas y que, entre un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, la rama judicial y la unidad de víctimas, el gobierno pudiera esa plata llegar a manos de las víctimas de manera directa”.

Finalmente, lamentó que el dinero que entregó la multinacional Chiquita Brands a los paramilitares sirviera para comprar miles de fusiles y otras armas con las que atentaron contra la población.