Las tensiones con la JEP que dejaron por fuera a la UBPD de la búsqueda en La Escombrera

Medellín

37 mil metros cúbicos de tierra y escombros, equivalentes a más de dos mil volquetas cargadas, se han removido en La Escombrera de la comuna 13 en Medellín, con el propósito de desenterrar la verdad tras 23 años de denuncias de lo que sería la fosa común más grande de Latinoamérica.

Sin embargo, la falta de recursos y las aparentes tensiones administrativas entre la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, habría fracturado el trabajo coordinado que permitió la recuperación de estructuras óseas correspondientes a cuatro cuerpos de posibles víctimas dentro de la operación Orión.

Más allá de la desarticulación, el distanciamiento entre las entidades estaría teniendo efectos colaterales: se habría puesto en pausa la entrega digna de uno de los cuerpos hallados en el polígono, escalando incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Qué fracturó la unión entre la JEP y la UBPD?

La disputa se habría originado luego de la alerta emitida en marzo por la UBPD de no poder costear el componente de obra civil en el polígono, es decir, la maquinaria pesada y el personal de la obra; lo que ponía en grave riesgo la continuidad de la búsqueda. En ese momento, la Unidad le pidió a la JEP y a la alcaldía de Medellín un nuevo convenio interadministrativo que permitiera destinar los recursos para continuar con la intervención forense que ya había logrado cuatro hallazgos.

El alcalde Federico Gutiérrez respondió que la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera no debía parar, y que, aunque el distrito no tiene injerencia en los recursos de la Unidad, iba a reservar $2.000 millones adicional a los $6.000 millones ya aportados, para continuar con el apoyo logístico en la fase 5 y 6.

No obstante, no se llegó a un acuerdo entre las instituciones por los altos costos y diferencias administrativas internas en el manejo de la búsqueda y análisis, por lo que la Unidad de Búsqueda no cuenta con autorización para realizar labores forenses en La Escombrera desde el 1 de abril.

Después de eso, el proceso se ralentizó, en parte por la espera de la maquinaria amarilla que llegó el 9 de junio tras la vinculación de la Alcaldía de Medellín al proceso.

Impactos de la desarticulación en la búsqueda en La Escombrera

El que el nuevo convenio haya dejado por fuera a la Unidad de Búsqueda, representa para familiares de las víctimas afectaciones en temas de garantías, confianza, apoyo y resultados.

Dos de estas familias ya pudieron recuperar a sus seres queridos al identificarse dos de los cuatro cuerpos hallados por la UBPD. Sin embargo, solo uno ha podido ser entregado de manera digna.

El cuerpo de una joven de 20 años, raptada el 30 de julio de 2002 durante una reunión por hombres del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, no ha sido entregado a su familia, pues no estarían dispuestos a continuar con el proceso si no es liderado por la Unidad de Búsqueda; sin visibilidad mediática ni judicialización.

María Victoria Fallon, directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) y abogada de varias familias de las víctimas de la Escombrera alertó que, sin la Unidad de Búsqueda, se estarían vulnerando varios derechos al no tener un enfoque humanitario.

“Afecta, en primer lugar, el derecho a la verdad que tienen en una dimensión humanitaria y extrajudicial en relación con el paradero de sus seres queridos. Afecta la dignidad al momento en que se sustituye un enfoque humanitario, psicosocial, con una lógica de sensibilidad que aplica la unidad de búsqueda hacia las víctimas con un enfoque completamente judicial”, indicó la abogada.

Según la denuncia, esto aumentó las restricciones a las familias para entrar al polígono y tener informes constantes sobre los avances logrados.

“Durante todo el tiempo que la unidad estuvo al frente de las excavaciones, en La Escombrera, los familiares de las víctimas pudieron subir sin ningún problema. Ahora el magistrado decidió que los viernes las víctimas deben mandar un listado del día, la hora de llegada, la hora de salida y el motivo por el cual van a subir a la escombrera. Obviamente, de esa dinámica quedaron excluidas muchísimas víctimas que no están en condiciones de decidir el día porque muchas de las familias son familias muy pobres que trabajan por días, entonces les puede resultar trabajo el día que dijeron que iban a subir y pues cogen el trabajo, no tienen otra alternativa”.

¿Cómo responde la JEP?

La JEP le confirmó a Caracol Radio, que la excavación no ha sido suspendida, que duplicaron personal obrero y equipos forenses y que, en la continuidad del proceso, “amplió el polígono de excavación y prospección en más de 4.000 metros cuadrados, realizado testimonios, ordenado la memorialización de La Escombrera y determinado la valoración geotécnica y de suelos de un polígono aledaño, con el fin de examinar la posibilidad de ampliar la zona de excavación”.

En la respuesta oficial también se desmintió el riesgo de colapso del talud alertado por la Unidad de Búsqueda. La JEP señaló que “nunca ha estado en riesgo la seguridad de los equipos, ni de las víctimas, ni del personal técnico, ni forense por el talud. Frente a esto hubo una valoración temprana y continua del talud, pero nunca hubo riesgo de derrumbe. Los trabajos que se tuvieron que emprender, son los trabajos que siempre se han hecho, que era la continuación del mantenimiento del talud”.

Y aunque lo reseñado por la JEP pareciera ser un panorama alentador, la directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos cuestiona la decisión: “¿Por qué de pronto, después de que la Unidad de Búsqueda hizo recuperación de cuatro cuerpos, sale pues este interés desenfrenado de querer estar al frente de la búsqueda en La Escombrera, cuando en el pasado esta sala había tenido prueba judicial que podría haber sobre ella actuado y no habían hecho absolutamente nada? Entonces, yo no entiendo cuál es la razón”.

Por los cuestionamientos, presentó una tutela ante el Tribunal para la Paz, con el propósito de exigir el restablecimiento de las funciones de la Unidad dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, alertando además sobre la situación en un informe a la Corte IDH.

Por ahora, la búsqueda continúa solo bajo la dirección de la JEP en medio de un proceso largo, lleno de dolor e incertidumbre para las familias de las víctimas que, además, está pendiente del giro de 3.500 millones de pesos del Gobierno Nacional para que la Unidad de Búsqueda pueda retomar sus labores.