“Nuestro deber es que el menor presunto agresor tenga una nueva oportunidad”: Defensora del Pueblo

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, la defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió al caso del menor de 15 años acusado de disparar contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay durante un acto político en Fontibón, Bogotá, el pasado 7 de junio. Marín explicó la complejidad del caso y enfatizó la necesidad de protección, tanto jurídica como humana, para el joven.

La defensora confirmó que el menor está siendo procesado bajo el sistema de responsabilidad penal juvenil y que ha mostrado disposición para colaborar con la justicia. Señaló que tanto la Fiscalía como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) están brindando protección al joven y a su familia:

“Él ha tenido toda la disposición de colaborar con la justicia. Eso exige una enorme protección del Estado y también de la sociedad”, afirmó Marín.

Condición de salud y presunto maltrato

La defensora también reveló que el joven fue maltratado durante su captura por parte de la comunidad, lo que dejó como resultado una herida de bala en una pierna y una contusión cerebral. No obstante, aclaró que ya fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra en condiciones estables de salud bajo estricta vigilancia médica:

“Fue maltratado durante la operación de captura. Una cosa es la captura y otra cosa es el maltrato, que no corresponde a un Estado de derecho”, enfatizó.

Uno de los elementos que ha generado dudas en la investigación es la posible desaparición de un teléfono que el menor tendría en su poder. Sobre ese punto, la defensora aclaró que esa información está bajo reserva y que ni ella misma tiene acceso a ese detalle, debido a que forma parte del secreto profesional entre el abogado defensor (de la Defensoría del Pueblo) y el menor.

Víctima y victimario

Marín recalcó que el menor tiene una doble condición: es responsable de un delito grave, pero también víctima de una estructura que utiliza a menores en actividades criminales. La defensora explicó que este no es un caso aislado y que debe entenderse en un contexto más amplio de uso de niños por parte del crimen organizado:

“Este es un caso de uso de niños en criminalidad organizada. Representa la historia de muchos adolescentes en Colombia, incluso en ciudades como Bogotá”, declaró.

Vida familiar y situación educativa

La defensora reveló que el menor tiene 15 años, no 14 como se pensó inicialmente, y que estaba matriculado en una institución educativa, aunque en los últimos días había dejado de asistir por problemas en el colegio. Perdió a su madre hace una década y su padre no reside en Colombia. Aunque vive con familiares, se ha evitado revelar mayores detalles por razones de seguridad.

Marín advirtió sobre un patrón histórico en Colombia en el que menores de edad han sido utilizados para cometer atentados contra líderes políticos. Por ello, hizo un llamado a no estigmatizar exclusivamente al menor y a comprender la dimensión estructural del problema:

“Muchos de los atentados en la historia del país han sido ejecutados por menores o jóvenes de 20 años. Este no es un caso aislado”, subrayó.

¿Hay más implicados?

Por ahora, las autoridades solo han confirmado la participación del menor de 15 años. Sin embargo, Marín reconoció que ha escuchado versiones no oficiales sobre la posible participación de otras personas, incluyendo otro menor, aunque aclaró que esa información no ha sido confirmada por la Fiscalía.

Sobre el proceso judicial, Iris Marín indicó que el joven tiene miedo, pero también desea colaborar. “Ha manifestado toda la disposición, pero también tiene mucho miedo”, dijo. En ese sentido, instó a la sociedad y a los medios a no promover un linchamiento simbólico que impida que el menor pueda aportar a la justicia.

En un plano más amplio, la defensora del Pueblo hizo un llamado urgente a los partidos políticos y al Gobierno nacional a dejar de lado la polarización y aprovechar la coyuntura para construir consensos que protejan la democracia.