Medellín

La JEP reveló omisiones institucionales en las desapariciones forzadas en el cementerio de Dabeiba

La ausencia de registros fue una constante porque no se documentaron las inhumaciones ni las exhumaciones.

Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia. Foto: Colprensa.

Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia. Foto: Colprensa. (Thot)

El trabajo forense y judicial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Dabeiba, en el occidente antioqueño, reveló una serie de omisiones institucionales que, durante años, facilitaron que las desapariciones forzadas falsos positivos se convirtieran en una práctica sistemática en el contexto del conflicto armado.

En el Cementerio Las Mercedes, lugar que ha sido epicentro de exhumaciones en el Caso 03 sobre asesinatos y desapariciones presentadas ilegítimamente como bajas en combate, la JEP identificó que entre 1982 y 2010 persistieron graves irregularidades que facilitaron estos crímenes.

La ausencia de registros fue una constante porque no se documentaban las inhumaciones ni las exhumaciones, lo que imposibilitó durante décadas el seguimiento de cuerpos enterrados como no identificados. A esto se sumó la falta de control en la morgue del cementerio, donde no existía supervisión sobre el manejo de cadáveres por el sistema forense.

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En 2016, bajo el rótulo de trabajos de “embellecimiento”, efectivos de la Brigada XVII del Ejército participaron en la plantación de árboles, pintaron todas las cruces del cementerio y reescribieron los datos inscritos en ellas. Esta intervención borró información vital para la identificación de cuerpos y modificó posibles escenas de interés judicial.

Los cuerpos eran sepultados de forma aleatoria, sin protocolo alguno, lo que complejiza aún más las labores de búsqueda e identificación. Todo esto ocurrió en un contexto marcado por la disputa armada por el control de Dabeiba y del estratégico cañón de La Llorona, zona de alto interés militar y geográfico para los distintos actores del conflicto.

En este caso, la JEP ha imputado a diez miembros de la fuerza pública, de los cuales ocho ya aceptaron su responsabilidad. La investigación sigue abierta, con la revisión de archivos militares, testimonios y exámenes forenses que buscan, finalmente, restituir la verdad a las familias de las víctimas.

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