No tenemos recursos para alimentar a los detenidos en los CAI de la Policía en Colombia: alcaldes

Armenia

Ante la entrada en vigencia de la Ley 2346 de 2024, que establece que los alcaldes deberán suministrar alimentos a las personas privadas de la libertad en las instalaciones de detención transitoria (CDT), Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de policía a partir del 1 de julio de 2025.

El alcalde de Armenia, James Padilla García, anunció que junto con otros mandatarios del país solicitarán al Gobierno Nacional el apoyo en recursos para cumplir con esta nueva obligación.

Y explico “Esto es un problema general de todos los municipios de Colombia, donde estamos unidos, no solamente en todas las capitales, sino en todos los municipios de Colombia, estamos de la mano de la Federación también, mirando cuáles van a ser las herramientas para solicitar una ayuda al Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que los recursos de la mayoría de los municipios en Colombia pues son reducidos y usted sabe que una la condición actual de los privados de la libertad es un tema muy complicado.

Y agregó el mandatario “Yo creo que el Gobierno Nacional tiene que ser con consciente de eso, no puede descargar estos pesos no solamente financieros, sino de la parte social y todo lo que afecta los recursos de la mayoría de los municipios de Colombia. Esa sí estamos trabajando de la mano con las agremiaciones, llevando un proyecto de ley donde el cual el Gobierno Nacional se haga cargo de estos recursos.

Nosotros todavía no hemos calculado la magnitud de cuánto va a ser el gasto que se podría tener, pero por eso seguimos luchando hasta el último momento para que el gobierno nacional siga a cargo de estos de estos procesos.

La medida, que fue determinada por la Corte Constitucional en 2022 y ratificada el año pasado, transfiere la responsabilidad del suministro de alimentos que anteriormente estaba a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) a las administraciones municipales.

En el Quindío, las estaciones de Policía, los calabozos de la Sijin y la URI de la Fiscalía tienen más de 100% de hacinamiento y la atención y seguridad de estos lugares ya demanda un número importante de personal y recursos y ahora deberá asumir la alimentación.