Tres meses de crisis en el Catatumbo: 64 mil desplazados y la Corte continúa estudiando decreto

JUSTICIA

Desde el 15 de enero de 2025 se comenzó a hablar de la guerra interna que se vivie en la región del Catatumbo por cuenta de grupos armados ilegales como el ELN.

En vista de las personas desplazadas, asesinatos a firmantes de paz e incluso fuertes combates con las Fuerzas Militares, el gobierno declaró el 24 de enero el Estado de Conmoción Interior en la región de Catatumbo, en los municipios del área metropolitana de Cúcuta, Norte de Santander, y en los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar.

La crisis en el Catatumbo en cifras

De acuerdo con la Procuraduría, que ha hecho un acompañamiento permanente a la región, con corte al 15 de abril, se han registrado 64.193 personas desplazadas; 12.887 personas confinadas y 106 personas han sido asesinadas.

Para el Ministerio Público, el decreto de conmoción interior permite garantizar la continuidad y calidad de servicios que son esenciales para la población.

“Las medidas relacionadas con estos hechos superan un test leve de proporcionalidad, en la medida que propenden por conjurar la grave perturbación del orden público que está afectando de manera inminente la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana de la Región del Catatumbo, Área metropolitana de Cúcuta y municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”, dice la Procuraduría en su concepto enviado a la Corte Constitucional.

Cabe resaltar que el estudio del decreto 0062 que declara el estado de conmoción interior está en el despacho de la magistrada Paola Meneses, quien se espera que en los próximos días radique su ponencia en la Sala Plena y se decida sobre la legalidad de esta medida.

ANDI pide tumbar decreto de Conmoción Interior

A la Corte Constitucional ha llegado una ola de solicitudes que pide declarar inexequible el decreto 06 por medio del cual el gobierno declaró el Estado de Conmoción Interior en la región de Norte de Santander y algunos municipios del Cesar.

Entre las solicitudes se destaca la petición de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que asegura no hay argumentos ni fundamentos que permitan justificar medidas extraordinarias para atender la situación en la región.

“No justifican por qué esas medidas resultaron insuficientes. Ni, mucho menos, dicen cuáles son aquellas medidas extraordinarias que resultarían conducentes para paliar la crisis descrita en el acápite de fundamentos fácticos”, indicó la ANDI.

Asimismo, el gremio explica que a la fecha no se ha expedido Decreto alguno en desarrollo “que contenga medidas específicas para fortalecer el control del espacio aéreo, las capacidades de los servicios de inteligencia y policía judicial de la fuerza pública, o el funcionamiento de la rama judicial”.

A estas solicitudes se suman la Asociación Colombiana de Minería y la Federación Nacional de Productores de Carbón.