Prosperidad Social atendió a más de 329 mil víctimas del conflicto armado en Antioquia durante 2024
La entidad fortalece su compromiso con la reparación integral y la justicia social a través de programas que impactan directamente a la población desplazada.
Atención a víctimas del conflicto armado en Antioquia. Foto: Prosperidad Social.
Medellín
En el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social informó que durante 2024 atendió a 329.829 víctimas del conflicto armado en Antioquia. La atención se brindó a través de programas sociales enfocados en la superación de la pobreza, la inclusión productiva y la seguridad alimentaria.
La mayor cobertura se logró con el programa Renta Ciudadana, que benefició a 185.656 personas víctimas en el departamento. También se priorizó esta población en otros programas como Colombia Mayor 64.320, Devolución del IVA 69.527 y Renta Joven 10.326.
El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar Moreno, indicó que estas acciones forman parte del rediseño de las políticas sociales del Gobierno del Cambio, con el objetivo de ofrecer soluciones duraderas que permitan la reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas del desplazamiento forzado.
Además de las transferencias monetarias, la entidad implementa el programa Familias en su Tierra, una estrategia de enfoque integral que actualmente beneficia a 6.030 hogares en 13 municipios de Antioquia, con una inversión superior a los 69.463 millones de pesos. El programa está dirigido a víctimas de desplazamiento forzado, personas retornadas y reubicadas en situación de vulnerabilidad.
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La gerente regional de Prosperidad Social, Cindy Henao, destacó el impacto de estas iniciativas en el departamento “Antioquia ha sido uno de los territorios más golpeados por el conflicto. Por eso, desde Prosperidad Social trabajamos por dignificar la vida de estas personas y mejorar sus condiciones”.
En paralelo, la entidad participa en la formulación del CONPES de Soluciones Duraderas, una política pública orientada a mejorar la articulación interinstitucional para la estabilización socioeconómica de la población desplazada. Además, el documento busca garantizar el acceso a derechos, reducir vulnerabilidades y ofrecer respuestas sostenibles.
Finalmente, según cifras del DANE, la pobreza monetaria entre la población víctima de desplazamiento forzado fue del 47,2 % en 2023, cuatro puntos menos que en 2022, pero aún 14 puntos por encima del promedio nacional. La pobreza extrema afectó al 17,8 % de esta población, lo que evidencia la persistente desigualdad que enfrentan las víctimas del conflicto en el país.
