Familias del Catatumbo saldrán voluntariamente de Puerto Boyacá tras diálogo con autoridades
De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras el proceso de reubicación a otro departamento de estas cerca de 50 familias tardará mínimo una semana.

La Agencia Nacional de Tierras reubicó a cerca de 50 familias del Catatumbo en la finca Las Palmas del municipio de Puerto Boyacá / Foto: Suministrada.
Puerto Boyacá
Después de varios días de tensión en la vereda Pavitas, en Puerto Boyacá, se llegó a un acuerdo entre las autoridades locales y las cerca de 50 familias desplazadas del Catatumbo que fueron trasladadas a ese municipio por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Las familias acordaron abandonar voluntariamente la finca Las Palmas mientras el Gobierno nacional busca un nuevo lugar para su reubicación.
La llegada de estas familias, ocurrida el pasado jueves 3 de abril, generó controversia entre los habitantes de Puerto Boyacá, quienes expresaron su inconformidad por no haber sido consultados previamente ni beneficiados con políticas similares, pese a que muchas de sus comunidades también han sido víctimas del conflicto armado.
El personero municipal, Jaime Enrique Linares, explicó que inicialmente hubo un fuerte rechazo por parte de los líderes y asociaciones del municipio, quienes reclamaron la falta de atención estatal a las víctimas locales, comunidades afro y campesinas.
“En un primer momento ese canal humanitario estuvo roto y después de un largo diálogo las comunidades mostraron su rechazo a que la comunidad del Catatumbo continuara allí en el predio, teniendo en cuenta que había sido desconocidas las comunidades de Puerto Boyacá en este proceso, que ni la Unidad para las Víctimas, ni la Agencia Nacional de Tierras han entregado estas ayudas, estas reparaciones a las víctimas del conflicto armado del municipio, ni a comunidades afro, ni a las diferentes asociaciones de campesinos. Bajo ese entendido expresaron su malestar y rechazaron que esta población del Catatumbo continuara en el predio, en el municipio. Su manifestación rotunda fue que la comunidad debía retirarse del lugar”, señaló.
En una mesa de diálogo realizada este martes, con participación del alcalde John Féiber Urrea, concejales, delegados del Gobierno nacional, representantes de la ANT y líderes comunitarios, se socializó la situación con transparencia. Las familias del Catatumbo, que seguían la reunión en vivo desde la finca Las Palmas, expresaron su malestar por algunas intervenciones ofensivas, pero finalmente tomaron la decisión de retirarse por su cuenta.
“Estas intervenciones que se hicieron unánimes por parte de los diferentes líderes de la comunidad, se le informó a la comunidad, a los líderes que están allí en el predio Las Palmas. Ellos igualmente nos expresaron que estuvieron viendo de manera en vivo la mesa de diálogo y obviamente manifestaron su malestar por manifestaciones bastante violentas por parte de algunos de los líderes. Ellos se tomaron un espacio para discutir en comunidad y su decisión fue que voluntariamente se retiran del predio. Sin embargo, quedó la tarea de la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad para las Víctimas de conseguir otro predio en el cual ellos puedan continuar con su proyecto de vida”, agregó Linares.
La Agencia Nacional de Tierras asumió el compromiso de encontrar un nuevo predio en otro municipio del país para continuar con el proceso de reubicación. La prioridad será garantizar condiciones adecuadas para estas familias, muchas de las cuales están conformadas por mujeres, niños y adolescentes que aún no han podido iniciar el año escolar.
“La situación de los menores es especialmente preocupante. Ya estamos en abril y no han podido comenzar clases. Por eso insistimos a las entidades del Gobierno en la urgencia de dar una solución pronta y digna”, enfatizó Linares.
En la misma reunión, la directora de la Agencia Nacional de Tierras anunció que existe una oferta significativa de predios en Puerto Boyacá que serán entregados a comunidades vulnerables del municipio, incluyendo víctimas del conflicto armado, como parte de una deuda histórica que el Gobierno nacional busca saldar.
“Hay un compromiso real de priorizar a las víctimas locales en el acceso a tierras. Reconocen que no se ha hecho justicia con Puerto Boyacá, y esa es una tarea pendiente que esperamos se cumpla en el corto plazo”, concluyó el personero.



