Mientras avanza la acusación contra Carlos Maya, el exalcalde de Pereira seguirá en prisión
Negaron el recurso de apelación que buscaba la libertad de los implicados en el presunto caso de corrupción de la Avenida Los Colibríes.

Carlos Alberto Maya, audiencia virtual
En fallo de segunda instancia, el Juzgado Cuarto Penal con función de conocimiento, dejó en firme la decisión tomada por una juez de garantías de la ciudad de Pereira, al legalizar los procedimientos de allanamiento realizados a las propiedades del exsecretario de infraestructura, Milton Hurtado y del exalcalde Carlos Maya, investigados por presuntos hechos de corrupción en la ejecución de la primera fase de la Av. Los Colibríes, así como la imposición de medida de aseguramiento carcelaria para ambos exfuncionarios.
Esta decisión se da en medio de la espera de un fallo también de segunda instancia por parte del Tribunal de la Sala Penal, frente a las apelaciones presentadas por la delegada de la Procuraduría en este caso, y de los abogados defensores de los seis implicados, que buscan tumbar la acción tomada por el Juez Primero Penal del Circuito de Pereira, de incluir como víctimas indirectas en este proceso, a cuatro empresas privadas que presuntamente prestaron servicios al Consorcio Prosperidad Vial Cerritos, durante la primera fase de ejecución de la Avenida Los Colibríes, y por los que, al parecer, aún les adeudan millonarias sumas, una de ellas que supera los $700 millones, lo que ha impedido la evolución del proceso judicial y el curso de la audiencia de acusación que por segunda vez tuvo que ser reprogramada.
El abogado Renato Marín, defensor de uno de los implicados, explicó en qué avanza este proceso.
Renato Marín, abogado defensor
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Recordemos que exalcalde de Pereira, Carlos Maya, el exsecretario de infraestructura municipal, Milton Hurtado García y los interventores José Alberto Rojas Prieto, Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal, José Gabriel Vargas Carvajal y el contratista Carlos Guillermo Suarez, enfrentan cargos por diversos delitos, entre los cuales figuran contrato sin cumplimiento de requisitos legales; obtención de documento público falso, fraude procesal; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público; falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo; prevaricato por acción; abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, y peculado por apropiación con la circunstancia de mayor punibilidad.
Con el inicio de la audiencia de acusación en la que se anunciaron se presentarán nulidades, como derecho a la defensa, esto podría ralentizar aún más el proceso, y llevaría finalmente al vencimiento de términos de los procesados, cerca del mes de julio, poniendo posiblemente en libertad al exalcalde de la capital risaraldense y demás implicados.