Sentencia de JEP por imputación Falsos Positivos: Esta sería la condena a generales y suboficiales

Los generales (r) del Ejército Nacional Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, comandantes y Jefe de Operaciones de la Brigada IV entre 2004 y 2007, fueron hallados máximos responsables de liderar la política de facto de “conteo de cuerpos”, en el que fueron encontrados 442 personas asesinadas y desaparecidas de manera forzada, siendo presentadas como falsas bajas en combate en Antioquia.

Junto a los generales, fueron imputados 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones por su liderazgo en la implementación y participación de los crímenes, además, dos terceros civiles, quienes hacían parte de una red criminal dedicada a reclutar víctimas y entregarlas a cambio de dinero, también fueron imputados, en total, la JEP sentenció a 41 personas por 442 falsos positivos.

Según la JEP, es la primera vez que en medio de una imputación por ‘falsos positivos’, la Sala de Reconocimiento de Verdad confirma actos de tortura en contra de las víctimas y familiares, un hecho que se presentó en 22 casos con 41 víctimas, la mayoría de ellas, campesinos del Oriente Antioqueño, quienes fueron acusados por los militares de ser guerrilleros, milicianos o colaboradores de las guerrillas, tras esto, fueron torturados.

Tras escuchar a las víctimas, la JEP pudo determinar la inconmensurable lista de daños causados por los crímenes, tanto en su salud física como mental, presentado cuadros de depresión, trastornos de ansiedad y esquizofrenia, además, las víctimas se vieron obligadas a sufrir amenazas, desplazamientos forzados, estigma, revictimización y presenciaron el momento en el que el nombre de sus seres queridos fue denigrado.

Otra de las consecuencias en medio de este caso, fue los daños al patrimonio que experimentaron las familias de las víctimas, de acuerdo a la JEP, la mayoría de los asesinados fueron hombres, por lo que madres, compañeras, esposas, hijas y hermanas de los asesinados tuvieron que enfrentar las pérdidas y asumir cargas adicionales al convertirse en proveedoras económicas; las familias comprometieron su futuro y su vida ante la búsqueda de la verdad tras la pérdida de sus seres queridos, en otros casos, se vieron obligados a asumir la responsabilidad de cuidar a los huérfanos en medio de una situación de dolor.

Las comunidades también sufrieron daños, la mayoría de estos por estigmatización y exclusión ante otros grupos familiares.

¿Cuál sería la sentencia para los imputados por falsos positivos?

De acuerdo a la información brindada por la Jurisdicción Especial Para La Paz, los 41 imputados contarán, a partir de este momento, con treinta días hábiles, en los que deben decidir si aceptan o no las imputaciones, junto a esto, pueden presentar evidencia o argumentos en los que basen su decisión, por su parte, las víctimas acreditadas y el Ministerio Público cuentan con el mismo lapso de tiempo para realizar las observaciones correspondientes tras la decisión judicial.

En medio de este escenario se puede presentar dos caminos:

• Los imputados aceptan cargos: En este caso, la JEP convocará una audiencia de carácter público, en la que los imputados reconocerán su responsabilidad y tendrán que confesar la verdad ante el país, tras esto, la Sala de Reconocimiento de Verdad concluirá si han reconocido o no su completa responsabilidad en el caso, posterior a estos serán remitidos a una Resolución de Conclusiones, donde el Tribunal Especial para la Paz definirá su situación jurídica, aquí podrían recibir una reducción de su pena para realizar labores, obras y actividades en las que se garantice los derechos de las víctimas, cumpliendo así con los comparecientes y los estándares internacionales.
• Los imputados no aceptan cargos: En este caso, los imputados optarán por una vía adversarial, por lo que serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, allí se decidirá si se les acusa ante el Tribunal para la Paz, en caso de ser hallados culpables, se pueden enfrentar a una pena de hasta 20 años de cárcel, cabe aclarar que en este sentido, se realizará un estudio individual de la situación de cada uno de los generales y suboficiales, con el fin de determinar su responsabilidad y su posterior condena.