Congresistas debaten por incentivos judiciales para terroristas en reforma a la justicia

La reforma a la justicia, promovida por la Corte Suprema y la Fiscalía, generó un duro debate en el Congreso por el artículo 11, que contempla beneficios judiciales a criminales vinculados al terrorismo y secuestro, que colaboren con la justicia.

En entrevista con W Radio, los senadores Jonathan Ferney Pulido ‘Jota Pe Hernández’, de la Alianza Verde, y Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, se refirieron al tema.

El senador Jota Pe Hernández ha expresado una fuerte oposición al artículo, pues los calificó como beneficios injustificados para delincuentes y terroristas. “No puede ser posible que mientras el Congreso tramita una reforma tributaria que pone impuestos a colombianos honestos, el Senado apruebe un regalo para terroristas, financiadores del terrorismo, secuestradores y extorsionadores”, dijo.

Además, Hernández señaló que el problema de fondo es la falta de jueces en el país. Según lo aseguró, actualmente hay 11 jueces por cada 100,000 habitantes. Y el estándar internacional de 18 jueces. Según él, robustecer el aparato judicial es la verdadera solución a los problemas de congestión e impunidad.

“En lugar de legislar para los delincuentes, deberían fortalecer el sistema judicial para agilizar los procesos y atender a las víctimas” dijo.

Por su parte, el senador Motoa argumentó que el artículo 11 busca realmente busca dar herramientas efectivas para combatir el crimen organizado y reducir la impunidad, que alcanza niveles alarmantes en delitos como el terrorismo y la extorsión.

De acuerdo con Motoa, el proyecto introduce la colaboración eficaz, un mecanismo que permite desvertebrar bandas criminales. No estamos hablando de rebajas automáticas; estas se conceden únicamente si el delincuente colabora con información precisa y esta colaboración es avalada por el fiscal y el juez de garantías”.

Motoa también destacó que el proyecto establece criterios claros para la reparación integral a las víctimas y agiliza los procesos judiciales, reduciendo el tiempo de las sentencias mediante preacuerdos y pruebas anticipadas. “Necesitamos atacar las estructuras criminales desde adentro, y esto no se logra sin incentivos para los colaboradores”.

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