La aplicación de impuesto de seguridad en facturas de EPM afectaría el empleo: ANDI

Medellín

Continúan las voces de rechazo a la ordenanza 59 radicada por la Gobernación de Antioquia en la Asamblea Departamental con la que se pretende recaudar mediante la factura de EPM un poco más de un billón de pesos para para reforzar la seguridad.

A la alcaldía de Medellín, Fenalco Antioquia y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ahora se suma la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) seccional Antioquia, desde donde manifestaron su desacuerdo con la iniciativa del mandatario Andrés Julián Rendón. En un comunicado manifestaron “la introducción de un nuevo tributo agravaría la situación de las empresas en la región”.

La ANDI aseguró que las empresas durante el 2023 en Colombia experimentaron un crecimiento económico del 0.6 % y el panorama para el 2024 se estima similar; además, agrega que en Antioquia la industria manufacturera, servicios y construcción han tenido cifras negativas. “Añadir un nuevo tributo sobre el consumo de energía no solo incrementaría los costos de producción, sino que también afectaría la sostenibilidad de las empresas locales. Este aumento en los costos energéticos no solo lesiona negativamente la competitividad de Antioquia y sus empresas, sino que también generará efectos inflacionarios y reducirá la capacidad de las empresas para invertir y generar empleo”.

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Además, recalca que el impuesto que se pretende implantar también afectaría a las empresas que requieren mayor demanda de energía para su producción; debido a que para algunas industrias la energía eléctrica representa el 66% de los costos de producción, “las empresas más intensivas en energía podrían verse obligadas a cerrar o reducir su producción, lo que afectaría el empleo y la diversidad económica en Antioquia”.

Finalmente, en el mismo comunicado, la ANDI le solicita de manera directa a los diputados antioqueños “no aprobar esta ordenanza y abrir un espacio de diálogo para explorar soluciones más equilibradas que no impongan cargas adicionales a las empresas y promuevan la seguridad del territorio sin afectar la sostenibilidad empresarial”.