Reforma al Sistema General de Participaciones, ¿forma de avanzar en la descentralización?

En Hora20 el análisis a una reforma que ha generado polémica por el impacto y la estabilidad fiscal del país, se trata de la reforma al Sistema General de Participaciones que busca aumentar las transferencias de la nación a las regiones, al tiempo que aumenta las responsabilidades a los entes territoriales. Una mirada a la descentralización, la conveniencia de la propuesta, los efectos en la economía y las rutas para lograr mayor autonomía en las regiones.

Lo que dicen los panelistas

Para José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos ANIF, doctor en Economía y profesor universitario, en el país hay consenso sobre la necesidad de descentralización que requiere el país, “la pregunta es cómo es el proceso y si tenemos la conversación en un orden. El orden de la discusión ha sido inusual, porque se debe empezar sobre las competencias”. Planteó que veíamos un acto legislativo en una discusión rápida sin la suficiente discusión y con una fórmula de descentralización que estaba copiada y pegada de la Constitución de 1991, “hay unas cifras que pueden desbordar la capacidad del Estado, hay otras que no son tan claras y no sabemos hasta qué punto los entes territoriales asumen nuevas competencias”.

De otro lado, dijo que esa autonomía debe ser sostenible, “en la década de los 90 llegamos a más del 40% de transferencias, pero no fue de más de 4 puntos del PIB, con el acto legislativo en el 46,5% íbamos hacia el 9,2% del PIB de transferencias al 2036, con una revisión al 39,5%, es inferior al 8%, hay reducción, pero las condiciones fiscales de los 90 eran diferentes; en el mundo ideal la discusión debe ser sobre competencias”.

Astrid Martínez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y PhD en Economía, planteó que hay indicadores de la Dirección de Apoyo Fiscal en deficiencias de manejo de recursos en entes territoriales, “ese análisis previo a la reasignación de recursos es importante y toca ver las capacidades que tienen las autoridades”. Sobre el cumplimiento del MFMP bajo un porcentaje de transferencias del 39,5%, dijo que según las proyecciones, en ningún caso ese porcentaje está dentro del MFPM, “estamos en una situación fiscal apretada, tanto del cumplimiento de la regla fiscal, como sostenibilidad de finanzas”. Por último, resaltó que los esfuerzos tributarios serían de casi 2 puntos del PIB si las transferencias son del 39,5% y en el 46,5% de casi 3 puntos del PIB, “eso son tres reformas tributarias, si se baja, como se planteó hoy, sería de dos tributarias o dos tributarias y media”.

Para Daniel Castellanos, economista y asesor del Ministerio del Interior, el país lleva 30 años evitando la discusión de las competencias y la promesa era que las regiones tendrían 46,5% de los recursos corrientes de la nación en la Constitución de 1991, pero esa promesa fue violada por razones fiscales a través de actos legislativos, “el proyecto tiene una reforma al SGP sobre transferencia de recursos a los territorios y otra parte que es la ley de competencias. El impacto fiscal de esta descentralización debería ser cero”. Detalló que desde el principio sabíamos que no se trataba solo de transferir ingresos, “es también transferir competencias y responsabilidades a los entes territoriales”.

Por último, dijo que no se está proponiendo que el gobierno le envíe recursos a los territorios, sin deshacerse del gasto, “estoy de acuerdo con las personas que prenden alarmas diciendo que si se hace, sería un error. Nosotros decimos que si el gobierno envía recursos, debe enviar responsabilidades de gasto”.

Ariel Ávila, senador de la república por la Alianza Verde y ponente del Acto Legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones, planteó que algunos de los puntos sobre los cuales se llegó a acuerdos durante el fin de semana, tiene que ver con bajar del 46,5 al 39,5% el valor de las transferencias de la nación a municipios y departamentos, un punto, que asegura, está dentro de lo previsto en el MFMP, “también se pasa de un periodo de transición de 10 a 12 años a partir del 2027″. Otro de los puntos tiene que ver con incluir una ley de competencias con seguro, “el Acto Legislativo no entra en vigor, hasta que no se apruebe ley de competencias”. También se incluyen dos años de preescolar y dos años de educación superior y otros acuerdos como el cierre de brechas, “hay apartamentos muy afectados, departamentos llenos de coca. Se puedan que puedan superar y llegar a los departamentos de nivel central”.