Hay mucho por recorrer y podría caducar: exregistrador sobre investigación a campaña Petro

Portela mantuvo la posición de otros expertos en los que se señala que habría sanciones económicas para Petro, mas no una destitución del cargo como presidente. En esas acciones punitivas que se ejecutaría de encontrar culpable por superar los topes de campaña, también tendría responsabilidad el gerente, tesorero y auditor, ya que, según el exregistrador, “son responsables del manejo financiero de las campañas. El candidato no tiene responsabilidad penal, pero en financiación prohibida, el candidato, el gerente, el tesorero y el auditor son responsables por lo menos en materia penal y en materia administrativa, absolutamente todos”.

En cuanto a si el Consejo Nacional Electoral se está extralimitando en sus funciones, el jurista manifestó que la defensa de la campaña del entonces candidato presidencial está argumentando que Petro tiene “fuero integral”, que es una condición especial bajo la cual se le debe dar un tratamiento diferente a las investigaciones que están en curso. En ese sentido, sería el Congreso, a través de la Comisión de Acusaciones, el órgano que determinaría si es culpable y, el CNE los que harían efectivas las sanciones.

Esto lo respalda la Ley 996 del 2005, pues, explica que, “en materia de violación de topes la misma ley 996 traslada esa situación al Congreso de la República que inclusive tendría la competencia de apartar del cargo al presidente electo siempre y cuando la denuncia se presentara de los dentro de los 30 días”. No obstante, esto se contrapone con otra disposición del 2011 en la que se habla que una financiación de topes de cualquier persona debe ser investigada por el Consejo Nacional Electoral.

Ayer, 9 de octubre del 2024, abrió formalmente una investigación judicial por la campaña ‘Petro Presidente’. Además, en esta declaración del Consejo Nacional Electoral, se le formularán cargos junto con Ricardo Roa, actual presidente de la empresa Ecopetrol.

Es probable que la investigación no avance, indicó el exregistrador. Las razones estarían atadas a que el trámite de contestar cargos toma quince días hábiles desde la notificación y, dentro de esta, se puede pedir que se haga una solicitud de pruebas que tomaría otros dos meses y otros pasos adicionales. En total, serían más de 100 días hábiles lo que tomaría este proceso judicial.

“Falta mucho camino por recorrer que podría estar coincidiendo con los términos de caducidad que se traducen a mayo o a junio, de acuerdo a los hechos en materia de la investigación”, concluyó el entrevistado por la mesa de trabajo de 6AM.

Recordemos que esta no es la primera vez que se investiga a un mandatario de Colombia por presuntas irregularidades en su campaña electoral. Por nombrar un caso, el ex jefe de Estado, Juan Manuel Santos, fue investigado por ingreso de dineros ilícitos en su contienda electoral por el caso de corrupción Odebrecht; y su sucesor, Iván Duque, estuvo implicado en el caso de la ‘Ñeñe Política’. Ninguno de los dos fue sancionado y continuaron su mandato sin que esto implicará alguna penalización.