Gobierno denuncia posible favorecimiento a Thomas Greg en licitación con Registraduría
El secretario general de Transparencia Andrés Idarraga pidió suspender la audiencia de adjudicación de contrato. El monto supera los $41.000 millones.
Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga. Foto: Cortesía
Colombia
En paralelo al proceso jurídico que el Gobierno colombiano enfrenta con la firma Thomas Greg & Sons por la desierta licitación para la expedición de pasaportes, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idarraga, ha advertido que en una licitación que está llevando a cabo la Registraduría, para un contrato por temas electorales, se estaría limitando el acceso de oferentes, dejando como gran favorecida a esta multinacional.
Idarraga solicitó al registrador Hernán Penagos “suspender el día de hoy la audiencia de adjudicación del proceso que busca contratar una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de los procesos electorales, por valor de $41.017.445.094, luego de identificar posibles acciones que podrían limitar el acceso plural de oferentes, facilitando que al mismo contratista (por ejemplo, Thomas Greg & Sons) le sea adjudicado”.
Los motivos que sustentó el funcionario del Gobierno tienen que ver, en primer lugar, con que “se identifican plazos de menos de 2 meses, previos a la fecha estimadas para el desarrollo del proceso electoral y para la ejecución del objeto del contrato que no permiten garantizar de forma adecuada la ejecución de las actividades para un contratista que no haya ejecutado antes un contrato igual o similar en la entidad”.
También afirmó el secretario que “la Registraduría está especificando fechas de entregables que incluso deben ser presentados para la fecha de cierre del proceso de selección, situación que debe realizarse por un contratista seleccionado y dentro de la ejecución del plazo contractual y no con ofrecimientos propios de una propuesta presentada durante el proceso de selección (…) la experiencia específica requerida podría cerrar las condiciones de acceso ya que al exigirse experiencia únicamente certificada por la autoridad oficial electoral en los últimos 10 años, estaría limitado a los contratistas que hayan ejecutado contratos de este tipo con la Registraduría”.
