EDU enfrenta desequilibrio financiero de 5.500 millones por “negocio” del 2021

Medellín, Antioquia

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) de Medellín y el Departamento de Prosperidad Social (DPS) iniciaron una mesa de negociación para determinar una salida a un desequilibrio financiero de 5.500 millones de pesos, producto de un contrato firmado entre el DPS y la EDU en 2021, en el que la empresa industrial, perteneciente al distrito de Medellín, se comprometió a aportar 800 millones para obras en 13 municipios diferentes a Medellín.

Es allí donde surge el primer interrogante: ¿Por qué la EDU firmó un contrato con una contrapartida que no se iba a invertir en Medellín? Los municipios beneficiados con las obras de mejoramiento de vías son: Andes, Arboletes, Caracolí, Cocorná, San Francisco, San Luis, San Rafael, Titiribí, Alejandría, Chigorodó, Liborina y Sopetrán, todos en Antioquia, y Sesquilé en Cundinamarca.

El contrato estipulaba que la EDU disponía de 800 millones de pesos para cubrir posibles costos adicionales en la ejecución de las obras; sin embargo, estos costos se elevaron a 2.900 millones de pesos. Además, existen reclamaciones por parte de los contratistas por 2.600 millones de pesos adicionales para cubrir obras complementarias, lo que lleva el total a 5.500 millones de pesos.

Aunque, inicialmente, el contrato era por 60.000 millones de pesos, por diversas circunstancias el alcance del mismo se redujo a 30.000 millones de pesos. No obstante, este monto no cubre lo que habría comprometido la gerencia de Wilder Wilmer Echavarría Arango, quien era el gerente de la EDU al momento de la firma del contrato.

¿Quién asumirá los 5.500 millones de pesos?

Este es el principal dolor de cabeza en la EDU en estos días, ya que, si la Empresa de Desarrollo Urbano se ve obligada a pagar estos recursos, sufriría un desequilibrio financiero importante. No se descarta la posibilidad de iniciar un proceso de repetición para que quienes estructuraron este “negocio” respondan con sus bienes por las pérdidas generadas.

Sin embargo, sigue sin responderse la pregunta: ¿Por qué se aceptó un negocio de esta magnitud, teniendo en cuenta que no genera ganancias para la EDU ni beneficia a los habitantes de Medellín, los verdaderos dueños de la compañía? La respuesta podría ser similar a la que se plantea en otros casos de contratos con presuntas irregularidades en otros proyectos de la EDU, como en Yondó: la posibilidad de direccionar contratos hacia contratistas específicos, mediante procesos de invitación privada o declarados desiertos, por debajo de los topes modificados en el manual de contratación, que fue elevado a 10 mil salarios mínimos mensuales. Esto permitiría realizar millonarias adiciones posteriormente.

Presuntas irregularidades en el contrato

Según han podido verificar las actuales directivas de la EDU, existen varias irregularidades en este contrato, como la certificación de 800 millones de pesos sin contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP). Además, el contrato se habría firmado durante la Ley de Garantías, según el ingreso al SECOP, aunque fue fechado manualmente en una fecha anterior para aparentar legalidad.

Si bien la minuta tiene como fecha de suscripción el 12 de noviembre de 2021, su registro en Secop II (la plataforma oficial y transaccional para la contratación estatal) tiene fecha del 30 de noviembre, lo que podría constituir una violación de la Ley de Garantías, vigente desde las 00:00 horas del 13 de noviembre de 2021, la cual prohíbe la celebración de contratos interadministrativos, según advirtió la EDU.

Actualmente, la EDU y el DPS adelantan mesas de negociación para que el ente nacional asuma los costos adicionales y evitar que Medellín tenga que asumir el costo de obras fuera de su jurisdicción.