Extorsiones de grupos armados: ¿quiénes son las principales víctimas en Colombia?

En Colombia, el actual Gobierno tiene como prioridad la paz total, una política de Estado que fue sancionada el 4 de noviembre de 2022 y que está por cumplir dos años desde que el presidente Gustavo Petro la convirtió en realidad. Sin embargo, según el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, en este tiempo el país ha sido testigo de un “deterioro acelerado de las condiciones de seguridad.”

De hecho, pese al esfuerzo que hace el Gobierno Nacional por lograr avances en la paz y generar acercamientos con los actores armados ilegales, la sensación de inseguridad en el país es cada vez mayor.

Desde el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga desarrollaron el informe titulado La política de Paz Total y el recrudecimiento de la violencia en Colombia, que fue compartido este mes de agosto y en donde señalan que pese a la paz total, se ha dado “el crecimiento y fortalecimiento de los grupos armados ilegales, evidenciado en el incremento de hombres en armas y la expansión de los repertorios de violencia con los que ejercen control territorial mediante mecanismos de gobernanza criminal.”

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Así las cosas, la entidad demostró preocupación sobre lo que ha ocurrido en medio de la política de la paz total. Esta “ha permitido que los grupos criminales ganen reconocimiento político y construyan legitimidad mientras se fortalecen en capacidades militares y presencia territorial, ejerciendo diversas formas de gobernanza criminal. Este fenómeno ha exacerbado la situación de inseguridad en Colombia, afectando gravemente a la población civil”

De esta forma, advierten no solo que los grupos criminales en los últimos dos años han incrementado su presencia, sino que esto ha llevado a un “aumento en los datos sobre victimización en varias regiones del país.”

Por otro lado, la Fundación Ideas para la Paz señaló, apropósito de los dos años del presidente Petro, que la paz total pasó a ser una “paz fragmentada”. La organización argumentó que si bien esta política de Estado comenzó de una forma ambiciosa para la reducción de la violencia y consolidar con los actores armados varios diálogos para el abandono de las armas, “esta política se ha transformado en su alcance y finalidad. La llegada de Otty Patiño como consejero Comisionado cambió la visión a una menos ‘total’ y más territorializada.”

Además, el ICP señala que los colombianos han sido víctimas del incremento de delitos considerados como graves. Algunos son, por ejemplo, las extorsiones, los secuestros, los confinamientos, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.

Dichos delitos, como señala el informe, son cometidos para ejercer gobernanza criminal. Un tema que es alarmante para las comunidades que viven en los municipios en donde el conflicto es más evidente.

Extorsiones de grupos armados: ¿quiénes son las principales víctimas en Colombia?

En Caracol Radio conversamos con Carlos Augusto Chacón Monsalve, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y aclaró que en el país contrario a lo que se cree, las víctimas de extorsión por parte de actores criminales no solo son los ganaderos, empresarios o ciudadanos con mucho dinero.

De este modo, el director ejecutivo del instituto explicó que “son colombianos de distinto estrato socio jurídico y con distintas condiciones económicas. Desde vendedores ambulantes hasta pequeños comerciantes y empresarios.”

Además, indicó que entidades como Fenalco han realizado denuncias por la cantidad de comerciantes que están siendo extorsionados. “Personas informales, ganaderos, empresarios y de todo tipo. Es decir, en los territorios todo el que tenga un negocio está siendo víctima de extorsión, especialmente, por los grupos criminales que tienen ya un control territorial, porque esa es una forma y un mecanismo de gobernanza criminal.”