Medellín, Antioquia

El nombramiento de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) NO ha sido ratificado por la compañía, al parecer, porque se está estudiando una posible violación de la Ley Anticorrupción de Estados Unidos, conocida como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), según reveló Noticias Caracol. Esta normativa prohíbe a las empresas que cotizan en el mercado estadounidense asociarse con personas implicadas en actos de corrupción, lo que podría poner en riesgo el futuro de Carrillo en el cargo, debido a las múltiples denuncias hechas a su gestión en Empresas Públicas de Medellín.

Fuentes confirmaron a Caracol Radio que la situación es especialmente delicada, porque la FCPA genera que los inversionistas estadounidenses tengan una cláusula de salida a su participación en ISA, si Carrillo es vinculado formalmente a investigaciones por corrupción durante su presidencia. Esto para proteger el patrimonio de los inversionistas norteamericanos, que adquirieron bonos en la compañía, en caso de una caída de la cotización de las participaciones en ISA, por situaciones de corrupción. Esta preocupación se basa en las denuncias hechas por presuntas irregularidades, durante su pasó por EPM, en la alcaldía de Daniel Quintero Calle.

Sin embargo, Caracol Radio constató que Carrillo Cardoso NO tiene procesos formalmente abiertos ni en la Procuraduría General de la Nación, las Contralorías General y Distrital, la Personería de Medellín, ni la Fiscalía General de la Nación. Pese a esto, sí hay denuncias al menos cinco denuncias e indagaciones previas, a demás de tres quejas en dos superintendencias.

El nombramiento de Carrillo en ISA se realizó después de un largo proceso en el que se destacaron tanto su experiencia como idoneidad; pero también generó malestar entre otros sectores quienes resaltaron su cercanía con Quintero Calle.

Controversias de Carrillo en EPM

Son varios los casos denunciados donde se habrían generado irregularidades en la gerencia de Carrillo.

Llegada de los chinos a Hidroituango

Durante la administración de Daniel Quintero, Carrillo, quien era el gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), fue acusado de intentar reemplazar al consorcio constructor que había completado cerca del 90% del proyecto con una nueva licitación para favorecer a empresas chinas. Incluso, desde 2021, se rumoreaba sobre la posible llegada de empresas chinas a Hidroituango, para remplazar al Consorcio CCC Ituango, y finalmente, en 2023, este movimiento se concretó.

La primera licitación, abierta en marzo de 2022, fue señalada por irregularidades, ya que solo recibía propuestas de dos firmas, Yellow River y Schrader Camargo. La Procuraduría intervino y EPM declaró desierta la licitación. En la nueva licitación, a pesar de la alta oferta y la menor experiencia acreditada del consorcio ganador, se adjudicó el contrato a Yellow River y Schrader Camargo. Además, la Cámara Colombiana de la Infraestructura denunció que los pliegos fueron modificados de manera que favorecieron a los oferentes, lo que se denomina un “pliego sastre” para ajustar el contrato a medida de estos.

Presuntas irregularidades en contratos de Emvarias

Otro punto de controversia es el contrato de vehículos para la recolección de residuos sólidos en Medellín. La administración de Quintero dejó un contrato con la empresa Themac, vinculada al empresario catalán Manuel Grau, cercano al presidente Gustavo Petro. Este contrato, que ascendía a $251.000 millones, se realizó a pesar de advertencias técnicas y financieras de empleados de Emvarias, sobre la NO viabilidad de un modelo de cargue lateral. El costo elevado y las irregularidades llevaron a la Procuraduría a solicitar una revisión exhaustiva, y finalmente, la nueva administración de EPM logró revertir el contrato tras encontrar fallas en la entrega de pólizas y documentación.

Presunta venta de la gerencia de Afinia

Federico Gutiérrez Zuluaga, actual alcalde de Medellín, denunció en mayo del 2023, que la gerencia de Afinia, filial de EPM creada durante la administración de Quintero, fue supuestamente vendida por 8 millones de dólares a través de negociaciones que implicaron a William de Jesús Ortega Rojas y el exsecretario de gobierno Fredy Esteban Restrepo Taborda. Afinia, encargada del servicio de energía en Córdoba, Sucre y Bolívar, ha reportado pérdidas durante sus operaciones.