¿Qué hay detrás de los “se vende”?

Santa Marta

Después de la pandemia, donde los comerciantes mostraron de qué están hecho, sosteniendo sus negocios y permaneciendo en la prestación de sus servicios como muestra fehaciente de su coraje y valentía ante las adversidades; la ciudad conoce hoy otra versión de muchos de esos empresarios que de la noche a la mañana cambiaron el aviso de, abierto, por un “se vende”.

Caracol Radio, en Santa Marta, consultó a algunos de los propietarios de estos negocios que, por razones de seguridad no publicamos sus verdaderos nombres, pero traemos sus testimonios para comprender el contexto de esta consecuencia que la ciudad y su zona rural están padeciendo en todos los sectores; productos de la gobernanza criminal de los grupos delincuenciales, incluidos en gran proporción por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y el Clan del Golfo, dedicados al tráfico, microtráfico, sicariato y la extorsión en volúmenes importantes.

San Andresito

Los “se venden” en este lugar llegaron para quedarse, negocios de más de 20 años de existencia. Hoy, sus propietarios lo están vendiendo por el aumento de la extorsión que en este mes de julio alcanzó cifras de hasta cinco millones de pesos.

El propietario de un almacén dice “Yo pagaba una mensualidad acordada con ellos, pero en el mes de julio me la triplicaron, les dije que me era imposible cumplirla, entonces me dijeron, aténgase a las consecuencias, me toca pagarlo o cerrar el negocio, esa es la razón por la cual mejor lo pongo en venta”.

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Y así sucesivamente existen varios testimonios de propietarios o administradores de negocios en pleno Centro Histórico de Santa Marta, donde lo único que cambia son las tarifas extorsivas pero la argumentación de los violentos es la misma.

Conocimos la historia de un comerciante cuya tarifa extorsiva se la subieron a Ocho Millones de Pesos mensuales. Al día siguiente de recibir el aviso inicio el proceso de venta y la diligencia para salid del país.

No pagar es un problema, pero vender también lo es

Algunos comerciantes que han logrado cumplir la etapa de cierre y venta de estos negocios creyeron librarse de este impuesto extorsivo, pero apenas cerraron la venta, inmediatamente les contactaron para que cancelara el 10% de la venta con la excusa que este es un Impuesto de Guerra de obligatorio cumplimiento. Todo esto ocurre en plena ciudad de Santa Marta donde permanentemente hay operativos y control de policía y del Gaula. Pero la gobernanza criminal en esta región tiene la capacidad de ser invisible y esa es la razón por la cual goza del manto de impunidad y se mueve en todos los lugares controlando las zonas.

Para el violentólogo Lerber Dimas, Antropólogo, Defensor de Derechos Humanos y Director de la Plataforma de DDHH Pedhal:

“Hay casas, Fincas, en la parte media y alta de la Sierra Nevada de Santa Marta hay gente que quiere vender sus propiedades y a precios muy económicos justamente porque ya le queda muy difícil el tema del pago del impuesto que se ha venido incrementando, fortaleciendo donde los métodos de cobranza han llegado a limites muy graves”, mencionó.

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Para los analistas, la extorsión es el problema más grande que enfrenta el Magdalena, sin embargo, las autoridades siempre han manifestado que el fenómeno violento está controlado. Esa negación permanente como estrategia de las autoridades hizo que no se atendiera a tiempo las afectaciones que ocasionaba, hoy cuando las victimas prefieren vender sus negocios antes de seguir pagando más extorsión, queda la evidencia el mal manejo que se le dio al tema desde el mismo momento que se inició.

La Gobernanza Criminal Municipal

Los municipios de Ciénaga, Fundación, Zona Bananera, Aracataca, Pivijay, Plato, El Banco, las zonas rurales de Palomino, Mingueo, Dibulla, los “se venden”, dejan el testimonio que no soportan más la tarifa extorsiva. Hay quienes omiten poner el aviso de la venta del negocio para intentar eludir el tristemente famoso Impuesto de Guerra por cada venta que se haga.

Palmeros, pequeños y grandes cultivadores de banano pagan impuestos extorsivos en esta parte de la Zona Bananera y quienes se atrasen en los pagos viven en carne propia los hechos evidenciados de quema de fincas, muerte de administradores y amenaza a los empleados y campesinos para que no vayan a trabajar con amenaza de muerte.

El Impuesto de Guerra cobija también la venta de carros y motos en la región donde estos grupos tienen el control eso incluye el Distrito de Santa Marta.

Lancheros y Cooperativas

El Clan del Golfo controla Playa Blanca en El Rodadero donde las cooperativas de lanchas que llevan turistas a otros lugares tienen una tarifa también susceptible de incremento de acuerdo al flujo de turistas que sus integrantes camuflados entre la gente censan de forma discreta para determinar el aproximado de clientes que cada Cooperativa ha recaudado durante el día y al final de la temporada y de ese promedio de modifican la extorsión.

Este año un lanchero fue muerto a tiros en plena via publica de El Rodadero y una Administradora de una Cooperativa fue asesinada a balazos cuando conducía su motocicleta. De estas investigaciones no hay ningún resultado dela Fiscalía en la ciudad de Santa Marta, aun conociendo el ente investigador el contexto de violencia que existe en toda esa parte de la ciudad.

Lugares como el Mercado Publico de Santa Marta, tiendas de barrios, Licorerías, cafeterías, talleres, almacenes, hoteles y hostales, deben pagar extorsion.

Recientemente, la Alta Consejera para la Paz y el Postconflicto del Distrito de Santa Marta, Jennifer del Toro, denunció la estrategia utilizada por estos grupos creando vigilancia en los barrios de bajos estratos para que semanalmente cancelaran Diez Mil Pesos semanales, cuarenta mil mensuales a hombres que durante la noche patrullan estos sectores vulnerables.

Nunca antes, según los analistas, la gobernanza criminal tuvo tanto control en este territorio como el logrado en estos dos últimos años.