Las preguntas sobre el Presidente que tienen en líos disciplinarios al fiscal Burgos
El disciplinado alega que no investigó al jefe de Estado y compulsó copias a la autoridad competente, pero, apartes del interrogatorio a Nicolás fueron “clave” en la decisión que tomó la Comisión de Disciplina Judicial
JUDICIAL
La semana pasada el fiscal Mario Burgos fue llamado a juicio disciplinario por tres cargos. Por su presunta responsabilidad en la filtración del interrogatorio de Nicolás Petro en el caso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y una presunta coacción para que, el hijo del Presidente negociara con la Justicia. Otro de los cargos de relevancia para la Comisión de Disciplina es una posible extralimitación de funciones por haber indagado por el presidente de la República.
En el auto del pliego de cargos, dice la Comisión, que el fiscal Burgos, presuntamente incurrió en una falta dolosa, porque él sabía que, en su función de fiscal delegado ante Tribunal, no podía indagar por actuaciones del Presidente Gustavo Petro.
El fiscal Burgos alegó que no investigó al jefe de Estado y que la prueba está en que, durante el interrogatorio a Nicolás, su abogado no objetó ninguna de las preguntas formuladas y se compulsaron copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Sin embargo, la Comisión de Disciplina piensa lo contrario, en dicho interrogatorio, sí se escucha al investigador y al fiscal Burgos interviniendo solamente para preguntar por el padre de Nicolás Petro, es decir, el Presidente de la República.
“Por otro lado en la desatención de las normas que regulan el fuero especial integral del Presidente de la República (arts. 174 y 178 de la C Política). El actuar fue con ilicitud sustancial en tanto él conocía sus funciones como fiscal delegado ante Tribunales, entendidas como “ejercer la acción penal ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial”, indica el auto.,
Este es el aparte que cuestiona la Comisión de Disciplina al fiscal.
Se indica en el pliego de cargos, que, el fiscal Burgos habría incurrido en una extralimitación de funciones y “puso en riesgo la credibilidad en la administración de justicia” y “mayor grado de afectación del servicio, en tanto se denota el interés de obtener información para lograr una investigación penal del mandatario de los colombianos”.
