JEP le negó libertad al general (r) Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad de Álvaro Uribe
Dentro de los argumentos para negarle este beneficio llamado Libertad Transitoria, Condicionada y Anticipada están sus nulos aportes a la verdad como es su compromiso con esta justicia especial
General (r) Mauricio Santoyo
Bogotá
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz decidió negarle la libertad condicional al general (r) Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, entre los años 2002 y 2005, porque no está aportando verdad y está negando hechos sustentados con pruebas.
Por ejemplo, Mauricio Santoyo ha negado cualquier relación con Diego Fernando Murillo “Don Berna”, con Francisco Zuluaga “Gordolindo” o recepción de sobornos a estos avisándoles de operaciones en su contra entre otros datos contenidos en el expediente judicial. También desconoció alguna relación con Juan Carlos el ‘Tuso Sierra’.
Los magistrados de la JEP lo han cuestionado porque niega estas relaciones y acusaciones, pero Mauricio Santoyo en el año 2012 fue condenado en Estados Unidos a 13 años de cárcel por narcotráfico y por sus vínculos con paramilitares y aceptó que recibió pagos y realizó operaciones conjuntas con las Autodefensas cuando fue jefe del Gaula en Medellín.
Ante sus nulos aportes a la verdad y ahora querer negar los hechos ya probados por la justicia la JEP le ordenó al general (r) Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, que de manera inmediata y por escrito presente su aporte de verdad plena, si no cumple se expone a que le revoquen el beneficio del que actualmente goza y es estar detenido en una unidad de policía.
Si Santoyo incumple se expone a ser expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz a través de la apertura de un incidente de incumplimiento de régimen de condicionalidad y con ello sus procesos regresarían a la justicia ordinaria.
Recordemos que Mauricio Santoyo fue aceptado en la JEP como agente del Estado miembro de la fuerza pública y tiene la obligación de aportar verdad en los macro-casos de investigación el 06 sobre la victimización a los miembros de la Unión Patriótica y 08 que aborda los “Crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado”.
