La Mesa D.D H del Oriente pide que se declare crisis humanitaria por aumento de delitos

Antioquia

La Mesa de Derechos Humanos del Oriente de Antioquia ha publicado un informe de hechos violentos y de vulneración de derechos a la población civil. Alertan sobre amenazas, desplazamientos forzados, homicidios y hasta desapariciones y una presunta relación de algunos sectores políticos con estas conductas. Pese a ello, lamentan que la subregión del Oriente no tenga una alerta temprana de la Defensoría de Pueblo, por lo menos en los últimos 10 años.

Preocupa el rearme de algunos grupos armados ilegales que tratan de expenderse en el territorio en áreas urbana y rurales, además de instrumentalización de la comunidad y se teme un aumento de los homicidios en la denominada limpieza social.

“Y hay una negación de la institucionalidad que impide que se atienda con total diligencia esta situación. Y lo otro, bajo lo cual se ha expresado la Mesa de Derechos Humanos, es la solicitud inmediata a las autoridades competentes para que sea declarado el Oriente de Antioquia en una zona de crisis humanitaria, previniendo que se presenten hechos lamentables en este presente cercano. Los grupos armados vienen a una expansión territorial hacia el oriente”, dijo Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de Antioquia.

La otra situación que preocupa a la mesa, aparte de la presunta negación de las autoridades sobre esta situación, es que presuntamente podrían estar algunas personas con connotación política, lo que califican como “hilos intrincados de poder” involucrados en los diferentes delitos que se expresan en el informe.

“Nosotros no descartamos que esa presencia armada tenga un interés político en el territorio y que posiblemente, así como ha ocurrido en el marco del conflicto, existan alianzas entre diferentes actores civiles, políticos, militares, con estas estructuras armadas. Y esto se debe principalmente a que ninguna institución realmente quiere atender esta situación”, agregó.

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Delitos por lo que solicitan se declare crisis humanitaria

El defensor de derechos humanos, el señor Zapata, también llama la atención sobre delitos como la desaparición forzada, según el informe el año 2021 fue en el que más casos registró y el aumento es del 328% en comparación con el año anterior. La población que más registros tiene de estos es Rionegro con el 44.1, seguido de Guarne con el (10.4%), Marinilla (9.5%), Carmen de Viboral (7.6%), La Ceja (3.8%), El Peñol (3.3%), San Vicente Ferrer (3.3%) y San Carlos (2.8%).

Desplazamiento forzado: entre los años 2020 y 2023, allí se reportaron cerca de 1.500 casos, lo que evidencia que este fenómeno sigue con mucha fuerza en esa población en toda la subregión. Por ejemplo, Nariño es la población más afectada por este flagelo, desde el año 2020, el municipio reporta 183 casos, seguido por San Francisco con 155, Argelia con 136, Rionegro con 112, Cocorná con 95, San Luis con 92, Granada y San Carlos con 88 cada uno, El Carmen de Viboral con 62, El Santuario con 61, y Marinilla con 50, entre otros.

Ante este panorama, la crítica es a que, pese a que la mesa ha denunciado desde hace varios años esta situación, creen que la institucionalidad se ha hecho la de los oídos sordos y de ojos ciegos pese a los múltiples llamados.

“Lleva más de cuatro años en donde se ha venido solicitando. Creemos que hay una inoperancia, una inactividad y una sordera de parte de la institucionalidad que nos preocupa demasiado porque evidentemente no están notando lo que la sociedad civil está leyendo del territorio y desde los escritorios estos funcionarios públicos están omitiendo las funciones constitucionales que son de obligatorio cumplimiento”.

Insiste en que lo que buscan es evitar una tragedia en esa zona del departamento con la expansión de los ilegales y el incremento en los delitos detallados. Además, lamenta que en más de diez años la subregión no tenga una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo.